Con modificaciones, el Senado aprobará la iniciativa presidencial para crear la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, ordenamiento que obliga a iniciar investigaciones en contra de funcionarios que hayan incurrido en irregularidades a partir de denuncias formuladas por empresas e instituciones, e incluso mediante denuncias anónimas de particulares, quienes obtendrán por ello una recompensa al término del procedimiento.

Para ello, se ordena a la Secretaría de la Función Pública (SFP) establecer módulos donde se captarán las denuncias anónimas, así como mecanismos para dar protección y estímulos a los informantes.

La iniciativa de Calderón llegó al Senado el pasado 3 de marzo y el dictamen se votará el próximo martes. Incluye sanciones administrativas para servidores públicos hasta por 3 millones 873 mil pesos y en el caso de empresas que incurran en conductas irregulares en torno a concesiones o transacciones comerciales la multa llegará a 115 millones de pesos y se le inhabilitará para participar en futuras licitaciones.

Si la irregularidad cometida implica lucro, la ley agrava las sanciones. Así, se imponen de uno a 10 años de inhabilitación al funcionario si el monto excede 200 veces el salario mínimo y hasta 20 años cuando se sobrepasa esa cifra. En el caso de infracciones graves, el servidor público será destituido.

Una de las modificaciones que los senadores formularon a la iniciativa presidencial fue considerar que cuando la multa impuesta resulte intrascendente en relación con el beneficio obtenido por quien incurrió en corruptelas, la sanción se podrá incrementar hasta en 50 por ciento.

Ello porque las dictaminadoras están conscientes de que tratándose de concesiones, permisos, autorizaciones y trámites relacionados con contrataciones públicas de carácter federal o transacciones internacionales, conllevan gran cantidad de recursos.

La ley faculta a la SFP a solicitar a gobiernos de otros países información para investigar y sustentar el procedimiento administrativo contra quienes incurran en actos de corrupción en transacciones internacionales, adquisiciones, arrendamientos o servicios de obra pública.

El dictamen quedó de primera lectura en la sesión del jueves pasado y cuenta con el aval de PRI, PAN y Verde Ecologista para aprobarse el martes.

Los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos modificaron el artículo 11 de la nueva ley, para incorporar la obligación que tendrá todo servidor público de denunciar las acciones u omisiones de las que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Si no lo hace, será sancionado de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

El artículo 12 establece que la denuncia anónima deberá ser por escrito y contener los hechos y cualquier otra información que permita advertir conductas supuestamente irregulares, los datos para identificar al presunto infractor y el señalamiento de elementos probatorios.

Las autoridades competentes mantendrán con carácter confidencial la identidad de hechos de corrupción en contrataciones públicas.

En la exposición de motivos, se advierte que existe un vínculo entre un Estado débil y penetrado por la corrupción y el aumento de la criminalidad y la violencia. Ahí donde no existen instituciones fuertes y servidores públicos honestos, existen mayores posibilidades de que el crimen organizado tenga los elementos necesarios para realizar sus actividades ilegales con riesgos muy bajos.