José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la forma en que operan los retenes militares genera muchos problemas de constitucionalidad porque actúan bajo la idea de flagrancia, y con ello validan la existencia misma de esta estrategia policiaca y castrense.

No obstante, evitó comentarios en torno a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que planteó al gobierno de México considerar a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública.

Justificó que no puede hacer comentarios directamente con el informe preliminar de los relatores de la ONU porque actualmente la Suprema Corte analiza uno de los casos que se relacionan con la actuación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla.

De este expediente hay una sentencia contra el Estado mexicano, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El máximo tribunal del país ha recibido innumerables solicitudes de amparos relacionadas con la actuación de las fuerzas castrenses. No puedo hablar de cosas que pueden llegar a la Corte.

No obstante, el ministro refirió que en su trayectoria ha elaborado proyectos y votos particulares acerca de lo que considera acciones anticonstitucionales del Ejército, tanto los retenes como el fuero militar, así como restricciones e inequidad en contra de integrantes de esta institución que viven, por ejemplo, con VIH/sida, epilepsia u obesidad.

Añadió que los tratados internacionales en vigor, materia de derechos humanos, son sumamente importantes para el país y su contenido tendrá la misma jerarquía que los preceptos contenidos en la Constitución.

Sobre la sentencia a Jean Succar Kuri, Cossío comentó que lo importante en México es abatir los niveles de impunidad, pero  se negó a comentar a fondo sobre la pena de 13 años de cárcel impuesta al pederasta. 

El ministro dio una entrevista tras acudir al congreso Participación política y liderazgo femenino, en donde instó a los asistentes a estudiar las leyes –vigentes y en curso de ser aprobadas– que incluyen enfoques de género.

De otra forma, comentó, los debates y análisis no serán suficientes para derivar en procesos de transformación. El objetivo es tener elementos suficientes para promover la defensa en tribunales.