nte la renuencia de Calderón a revisar sus decisiones, confesadamente mal tomadas, de enfrentar al crimen organizado de la manera en que lo ha hecho y con los dramáticos resultados que apreciamos, cabe insistir en la legitimidad de la aplicación de dos valores políticos para un cambio nacionalmente indispensable y urgente sobre el control de drogas: uno, la opinión universal más respetada y comprometida con los valores humanos estaría a nuestro favor; y dos, la razón de Estado es legítimo instrumento a invocar ante el naufragio nacional presente.
Hemos llegado al límite, a las fronteras de la razón y tolerancia. Calderón y su gobierno están acabados y el país históricamente en un riesgo nunca visto. No podemos quedar inertes, callados, acobardados. El fin de la historia, según Fukuyama, significaría el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas y luego la felicidad. Algo impensable, pero lo que sí es posible es levantar voces como la que estamos oyendo de No más sangre
que, aunque de efecto simbólico, es sicológico, inspirador. Esa frase puede tomar mil formas y actitudes que terminen de descalificar a Calderón y lanzar una severa advertencia a quien sea nuestro próximo gobernante.
Nadie ha propuesto que se deje de perseguir al crimen: lo que se pide es un espíritu menos apocalíptico, irracional, insensible e irresponsable y buscar, a la par, formas más elaboradas de perseguir al crimen, para que este azote se controle paulatinamente. Ante tanta efectividad
medida por el gobierno según el número de muertos, ¿dónde están las cifras de la incautación de capitales ilícitos o del trasiego de armas, o por qué nos hemos sometido a los servicios de inteligencia estadunidenses? Entonces, ¿cómo se explica ese triunfalismo?
En el vastísimo universo de la opinión mundial, salvo la de Estados Unidos, no se ha dado una sola voz que apueste como forma única y exclusiva por la lucha militar contra las drogas. En ese concierto desafina la voz de México, emitida por su Presidente. Su vocero habla de acciones integrales pero no describe en qué consiste eso y sí está claro que no está hablando de reducir la impunidad, ni de educación, o de prevención, de rehabilitación de adictos, de promoción de cultivos agrícolas alternativos, de zonificar y especializar la lucha contra la miseria, de ampliar servicios urbanos destinados a la expresión juvenil, de una más eficiente cooperación internacional.
Ante tanta obstinación, lo que queda es levantar las miradas al universo en busca de espíritus solidarios con nuestras tragedias y encontraremos que muchos países o grupos de manera enfática, otros según su circunstancia, de otra manera, se han pronunciado por que no es posible perseguir al multifacético azote de las drogas de manera únicamente militarizada. Encontraremos un consenso total. La excepción será Estados Unidos, sobre el que nuestros funcionarios del servicio exterior debieran informar y el público ser informado de cómo se ha generalizado y entrado en las familias el consumo de alcaloides, principal y mayoritariamente de mariguana.
Otra razón para el próximo gobierno sería argüir la razón de Estado, que es referirse a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objeto de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado, bajo el supuesto de su continuidad. Es un valor superior a otros derechos individuales o colectivos, políticos e incluso compromisos internacionales.
México, seguido de otros países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Afganistán o Turquía, tiene la más legítima de las razones para acudir al consenso universal de que el control de drogas no va sino al desastre por el camino que hoy seguimos, obedeciendo las pautas que a nuestra agenda dicta el interés estadunidense. Se debe intentar el control de drogas, no su imposible extinción. Con bases científicas debemos abandonar los conceptos morales o dogmáticos y discernir, en una norma jurídica, cuáles son las drogas que podrían liberarse, con qué controles, con qué ritmo, con qué educación. Eso sí sería un paso hacia un efectivo control de drogas.
Datos interesantes: 1) en 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró informes favorables a ello, pero la influencia de Estados Unidos en el organismo ha evitado su publicación. 2) Un informe de la ONU de 1988 reconocía que la lucha contra las drogas se está alejando de los principios generales del derecho
. 3) En octubre de 1993, México planteó ante la Asamblea General de la ONU una propuesta para revisar la estrategia universal sobre el tema, aprobada por aclamación: Resolución 48/112 de la Asamblea General del 28 de ese mes y año. Los siguientes gobiernos olvidaron su promoción. 4) Hace 10 años Portugal se convirtió en la primera nación occidental en aprobar una despenalización completa. La ley (aprobada en octubre de 2000) abolió las sanciones criminales para todos los estupefacientes –no sólo mariguana, sino también drogas duras
como heroína y cocaína–. Eso se aplica sólo al consumo personal; el narcotráfico sigue siendo una ofensa criminal. Hoy contamos con una década de evidencia empírica sobre lo que en realidad sucede cuando se eliminan las sanciones criminales contra la posesión: disminuye el consumo, las patologías y la criminalidad asociados. 5) El 25 de enero de 2010, una comisión ad hoc integrada por los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Cardoso, además de otras personalidades, inició un debate para proponer soluciones fundamentadas y basadas en evidencias científicas a los problemas asociados con el consumo de drogas e informó que la estrategia de guerra al narco había fracasado.
Asiste a México también el derecho de acudir al caso extremo de convocar a la solidaridad y comprensión de la comunidad internacional y asumir la razón de Estado. Por encima de intereses y opiniones individuales, de grupo, consideraciones económicas o de política exterior: liberalicemos las drogas, ello con un proyecto, no a rajatabla, sino con un plan que incluya firmes respuestas a cuáles, en qué orden, cuándo, con qué controles, con qué participación social, qué instituciones serían las responsables, y seguramente muchas más. ¡No podemos seguir así!
