Tokio, 1º de abril. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón calificó de extremadamente lamentables los datos incorrectos que por segunda vez se producen en la medición de la radiación en la central de Fukushima, mientras el primer ministro Naoto Kan aseguró que la población no corre peligro siempre que siga los consejos de las autoridades.

El vocero de la agencia, Hidehiko Nishiyama, dijo que no son fiables los niveles de yodo radiactivo de 10 mil veces sobre el límite permisible realizados por la compañía Tepco, operadora de la central nuclear de Fukushima dañada por el devastador sismo de 9 grados Richter y el posterior tsunami del 11 de marzo pasado.

Añadió que Tepco afronta una grave situación y no cumple las expectativas de quienes están preocupados por la compañía. Sus datos deberían ser fiables.

La empresa, cuestionada por falsificar informes de controles de seguridad en media docena de centrales que opera, afronta una difícil situación financiera.

Kan reconoció que la situación en Fukushima no se ha estabilizado y es muy difícil determinar cuándo concluirá la crisis y dijo que la población no correrá riesgos si cumple las indicaciones de las autoridades, las cuales mantienen un perímetro de seguridad de cerca de 30 kilómetros en la zona afectada, de donde han sido desalojadas unas 45 mil personas.

Además, Kan dijo que Tepco debe permanecer en manos privadas a pesar de que necesitará asistencia del gobierno para abordar las consecuencias del desastre.

La presentación de Kan ante los medios se produce cuando tropas estadunidenses junto con sus contrapartes japonesas iniciaron la mayor operación de búsqueda de al menos 16 mil desaparecidos tras el sismo y posterior tsunami del 11 de marzo pasado.

El Ministerio de Defensa señaló que el operativo, al que se sumarán policías, bomberos y guardacostas, se desarrollará en las provincias de Iwate, Miyagi y Fukushima, las más afectadas por el devastador fenómeno natural.

Por su parte, la segunda empresa alemana de energía, RWE, anunció que presentó una demanda judicial contra el gobierno por haber ordenado el cierre de uno de sus reactores nucleares, en el contexto de una moratoria del átomo tras la crisis japonesa.