Ante la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que el Ejército sea retirado de las tareas de seguridad pública, el gobierno federal justificó el uso de las fuerzas armadas con el argumento de que ha habido una escalada de violencia generada por el crimen organizado.

Aseveró que en esta tarea subsidiaria, temporal y en regiones específicas, la institución castrense ha aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su convicción de respetar y proteger las garantías básicas de los mexicanos.

Tras conocerse el informe preliminar del grupo de trabajo de la ONU, en el que además se propone el retiro del Ejército como medida preventiva de nuevos casos de desapariciones forzadas, el gobierno federal reveló que pidió a los relatores del organismo internacional establecer claramente la diferencia entre un extravío, secuestro, desaparición y desaparición forzada.

De tal manera que si bien el Estado tiene la obligación de investigar y dar con el paradero de las personas, esto no significa que haya intervención de uno de sus agentes en estos actos delictivos, aseveró.

Por medio de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, detalló que explicó a los integrantes de este grupo de trabajo especial de las Naciones Unidas el funcionamiento de la figura de arraigo. El gobierno federal explicó los amplios controles judiciales a los que está sometida esa figura antes y durante su implementación.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias federales respondieron a la recomendación de los integrantes de este comité especializado, tras su visita a México del 18 al 31 de marzo.

Los relatores advirtieron acerca de la falta de coordinación entre las instancias gubernamentales para prevenir, investigar y, en su caso, castigar el delito de desaparición forzada, que en la mayoría de las entidades no está tipificado en el Código Penal. Precisaron además que no todos los actos de violencia en México son producto del crimen organizado, sino también de las propias fuerzas de seguridad del Estado.

No obstante, Gobernación y la cancillería respondieron que México tiene un registro de personas extraviadas y hay un compromiso para avanzar en la solución de casos de desaparición forzada ocurridos en la década de los 70 y principios de los 80; asimismo, aseguraron, se han tomado medidas para que esta deplorable violación de derechos humanos sea castigada cuando tenga lugar.

En el último párrafo del comunicado el gobierno expresa su satisfacción por la visita del grupo de trabajo y promete que examinará cuidadosamente cada una de las recomendaciones para su implementación. De igual forma, reitera su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos.

El boletín hace referencia básicamente a la agenda de los relatores durante su visita a México, la cual incluyó 25 reuniones con funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal, y de Chihuahua, Coahuila y Guerrero. Además, desglosan las recientes leyes y reformas aprobadas en materia de derechos humanos y las relativas a juicio de amparo, justicia penal y código militar.