También participó en los casos del general Gutiérrez Rebollo y de El señor de los cielos
Viernes 1º de abril de 2011, p. 3
En caso de ser ratificada por la Cámara de Senadores, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, se convertiría en la primera procuradora general de la República en los 110 años de existencia de esa institución. Será también la tercera persona en ocupar ese cargo en la actual administración, que emprendió una guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 30 mil muertos y que a partir de la gestión de Arturo Chávez mantiene a la PGR con bajo perfil.
El valor de las mujeres
Recién galardonada (8 de marzo) con el premio de reconocimiento al valor de las mujeres en Estados Unidos, que le entregaron la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y Michelle Obama –hecho que posiblemente sentenció el futuro de Chávez, pues se dice que desde entonces le pidieron la renuncia–, Morales Ibáñez ha atendido, entre otros, casos como el encarcelamiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo y las acusaciones contra más de 30 funcionarios de Michoacán acusados de tener vínculos con el cártel de La Familia Michoacana.
Con el tiempo, el denominado michoacanazo se fue desinflando conforme se desvanecieron las acusaciones y se liberó prácticamente a todos los implicados, con excepción de Armando Medina, alcalde de Múgica.
La confrontación entre el gobierno de Felipe Calderón y el PRD, que responsabilizó al mandatario de abuso en la procuración de justicia, sesgada con fines políticos, concluyó en uno de los más sonados fracasos para el gobierno federal en su guerra contra el narcotráfico.
Asimismo, Morales se encargó de la llamada Operación Limpieza, en la cual ejerció acción penal contra Noé Ramírez Mandujano, su antecesor en la SIEDO y quien aún está sujeto a proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero –ilícitos que debía combatir– debido a sus presuntos vínculos con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.
Aunque la dimisión de Chávez Chávez se daba por hecho desde hace varias semanas, se concretó en el contexto de las diferencias entre México y Estados Unidos por los alcances de la operación Rápido y furioso, instrumentada por la administración de Barack Obama, por el cual, por conducto del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) se dejaron pasar miles de armas de alto poder a territorio mexicano, presuntamente para identificar a las bandas que las recibirían.
A mediados de febrero comenzaton los rumores de que Chávez Chávez renunciaría, y cobraron más fuerza tras el ataque perpetrado por Los Zetas, en la carretera México-San Luis Potosí, el 15 de febrero, contra dos agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por siglas en inglés) de Estados Unidos, en el cual murió Jaime Zapata y resultó herido Víctor Ávila.
Las versiones que se barajaron para anticipar su salida también destacaron sus crecientes diferencias con Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, quien mantuvo una pugna permanente con Eduardo Medina Mora cuando éste encabezó la PGR.
En paralelo, comenzaron los avisos de que Morales Ibáñez sustituiría a su jefe y, según las fuentes consultadas, el apoyo y reconocimiento que obtuvo la titular de SIEDO fue fundamental para que el presidente Felipe Calderón la impulsara al cargo, dejando fuera, según versiones gubernamentales, a funcionarios como Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y al ex candidato panista al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
Aquel 8 de marzo en Estados Unidos, cuando se hizo un reconocimiento a su valor, la funcionaria aseguró que era una luchadora contra la corrupción y tuvo una participación fundamental en la creación del primer programa de testigos protegidos. Dos días después, por medio de la cadena estadunidense CBS, estalló el escándalo de la operación Rápido y furioso.
Con este caso se sabría poco después que armas entregadas –con la complacencia de las autoridades estadunidenses– a grupos criminales mexicanos se utilizaron en el ataque contra los agentes del ICE.
La PGR rechazó tener conocimiento de esa operación, inició una averiguación previa y solicitó información al gobierno de Estados Unidos. Chávez Chávez fue citado por la Cámara de Diputados para que explicara el caso y no acudió, con el argumento de que tenía problemas de agenda
. El funcionario ya no podrá ser requerido pues su cita estaba programada para el 4 de abril.
Ayer, Calderón confirmó que su propuesta para dirigir la PGR era Morales Ibáñez.
En su trayectoria, la funcionaria conoció casos como la muerte de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, en el llamado Maxiproceso, en el cual la mayor parte de los presuntos narcotraficantes que fueron acusados han sido exonerados por jueces federales.
En su paso por la PGR, se convirtió en la fiscal encargada del proceso penal instruido contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo y apoyó las tareas del Ministerio Público Militar, que encabezaba el general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR durante la gestión de Vicente Fox.
Fue designada responsable del área de investigaciones especiales y en sus manos estuvo el caso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el cual fue reabierto ilegalmente unos meses por la entonces subprocuradora María de la Luz Lima Malvido.
Durante la gestión de Medina Mora, Morales Ibáñez llegó a la SIEDO y en menos de tres meses ejerció acción penal contra su antecesor y varios de sus colaboradores, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
