Organizaciones civiles y académicos exigieron que se prohíba el uso de endosulfán, insecticida tóxico, persistente y contaminante que se vende en México, el cual se utiliza en 20 cultivos, entre ellos los de maíz y frijol, y cuya aplicación ya se canceló en 73 países.

En la próxima reunión del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, a realizarse en abril, un grupo de expertos presentará la recomendación para su prohibición mundial, informaron integrantes de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam).

El endosulfán es un insecticida que puede desplazarse a grandes distancias, por lo que la Unión Europea propuso que se incluyera en el Convenio de Estocolmo. Hasta diciembre pasado, 73 países lo habían prohibido o puesto fecha límite para cancelar su registro, incluida la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Activistas y académicos entregaron ayer a las autoridades de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) una petición para cancelar el registro del insecticida endosulfán, pues representa un peligro para la salud y el medio ambiente, advirtieron.

De igual modo, solicitan a las secretarías de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que en la próxima sesión del Convenio de Estocolmo apoyen la recomendación del Comité de Expertos de Naciones Unidas para la prohibición mundial de este peligroso insecticida.

Señalaron que el endosulfán es sumamente tóxico para los seres humanos y para la mayoría de los animales, pues afecta principalmente al sistema nervioso. Es un insecticida organoclorado que puede acumularse en las grasas de los seres vivos, de los alimentos e incluso llega a contaminar la leche materna.

En México se ha encontrado dicha sustancia en diversos ecosistemas acuáticos de Veracruz, Tabasco, Campeche, Sinaloa, y Chiapas, lo que implica un riesgo potencial para las actividades pesqueras; en 2009 se halló en agua purificada de tres marcas comerciales. Dijeron que la industria de plaguicidas ha expresado que México no debe apoyar esta recomendación, pero esperamos que se privilegie la protección del ambiente y la salud pública, señaló Fernando Bejarano, de Rapam.