La reforma a la Ley General de Salud aprobada el pasado martes por el Senado, la cual prohíbe atribuir a los cosméticos cualidades curativas, es una medida muy limitada, toda vez que en el país hay un problema muy serio de regulación a los productos milagro, consideró Alejandro Calvillo, de la asociación El Poder del Consumidor. Me sorprende que salgan con una medida que dicen les llevó años, la cual es muy limitada, sostuvo.

Lamentó que el Congreso no legisle sobre asuntos de interés público que se están convirtiendo en catástrofes, como la publicidad de productos chatarra dirigida a niños y la de productos milagro.

Calvillo señaló que el porcentaje que representan los cosméticos en el grupo mencionado no es significativo. Es muy pobre para resolver el problema, insistió.

Por separado, Lucio Lastra, integrante de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), consideró positiva la reforma, aunque reconoció que todavía hay que regular muchas otras cosas; ningún producto puede, de ninguna manera y por ninguna circunstancia, apropiarse acciones terapéuticas preventivas o rehabilitatorias si no cuenta con un registro como medicamento, remedio herbolario u homeópatico.

El funcionario confió en que no suceda algo que nosotros hemos combatido de manera intensa: que hay quienes pretendiendo sorprender a la población se publicitan, y lo hacen incluso sin tener permiso, y eso es grave, porque no deben hacerlo si no demuestran que tienen autorización, afirmó.

Mientras, Daniel Gershenson, director de Al Consumidor, confió en los efectos positivos de la medida, siempre y cuando la autoridad actúe con decisión. El problema en México –dijo– es que las leyes que nos confeccionamos no tienen un asidero en la realidad y todo se queda en una colección de buenas intenciones.

Añadió que las empresas saben que en el país las autoridades no actúan con la contundencia que debieran, como en otras naciones, donde esas mismas empresas también participan.

Pareciera que al cruzar la frontera ingresan a una dimensión paralela, pues sanciones fuertes que en otros países involucran a las autoridades de salud y de protección de consumidores, en México no proceden.