Después de ocho meses de negociaciones hay un acuerdo inicial entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el gobierno federal en torno a la legislación para combatir el lavado de dinero, y los bancadas en el Senado de la República analizan un dictamen que modifica a fondo la iniciativa del presidente Felipe Calderón en la materia.

El legislador panista Alejandro González Alcocer sostuvo que el dictamen tiene el aval de los principales grupos parlamentarios y se consensuó con representantes del gobierno federal y con los grupos que se consideraron afectados, entre ellos los notarios.

“Seguramente está planchada ya con el gobierno federal, pero todavía hay que revisar algunos filos, entre otras cosas multas muy severas hasta de 12 millones de pesos para corredores inmobiliarios, por ejemplo, por no presentar bien un informe a las autoridades hacendarias”, comentó por su parte el perredista Tomás Torres.

En el proyecto de dictamen que circula entre senadores, se eliminan algunos de los puntos más controvertidos de la iniciativa del Ejecutivo federal, entre ellos los que obligaban a convertirse en delatores a abogados, notarios, joyeros, vendedores de automóviles y otros profesionistas, con penas incluso de cárcel si no proporcionaban a las autoridades hacendarias datos sobre operaciones en efectivo.

En el dictamen se eleva a un millón de pesos el monto de operaciones reportables sobre bienes inmuebles y a 200 mil pesos en el caso de compra o transmisión de propiedad de autos, joyas, metales preciosos, boletos para juegos, apuestas y sorteos, servicios de blindaje de automóviles, entre otros.

González Alcocer, quien preside la Comisión de Justicia del Senado, dijo que confía en que todos los senadores del PAN lo respalden, a pesar de que hubo cambios importantes a la iniciativa del presidente Calderón, entre ellos quitar a la Secretaría de Hacienda el control de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en contra de la Delincuencia Organizada, el que ahora dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR).

Expuso que están de acuerdo porque de todas formas la Secretaría de Hacienda tenía que acudir al Ministerio Público, por lo que es mejor que desde el inicio la PGR conozca de las investigaciones en torno a dinero de procedencia ilícita.

Asimismo, del dictamen se eliminó la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en las investigaciones sobre lavado de dinero, como lo proponía el titular del Ejecutivo.

El enlace con el gobierno federal ya está de acuerdo, por lo que la reforma podría aprobarse antes de Semana Santa, comentó González Alcocer.

Por separado, el perredista Tomás Torres dijo que el proyecto de dictamen refleja un esfuerzo hasta las últimas reuniones que se tuvieron con representantes del gobierno federal, aunque hay que darle otra repasada.

Para las llamadas actividades vulnerables se proponen multas estratosféricas o condena de prisión, sin que se le dé el mismo tratamiento al sector financiero. A ellos se les aplican las leyes bancarias o de crédito, por ejemplo, que son muy laxas, dijo.

El hecho de que en el dictamen se habla no de personas o sujetos, sino de actividades vulnerables, no quita que se refieran a corredores, abogados, notarios, joyeros, a los que se exige que actúen con un nivel de perfección y de pureza que no veo en ninguna actividad humana, comentó el legislador.

Así, si no se rinde un informe o hay algún error, todo es malo, punible, a consideración de la autoridad que recibe el informe.Por ello, concluyó, hay filos que quitar.