s probable que sea cierto que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece un parteaguas en el contenido y alcance de las reacciones de la comunidad internacional ante situaciones nacionales que son intolerables por violentar de manera flagrante y repetida el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La forma en que un gobierno constituido responde a actos de rebeldía de sus ciudadanos es asunto que concierne al Consejo de Seguridad si constituye un riesgo para la paz y la seguridad internacionales, como lo determinó el propio consejo. Hay que recordar que, en el año cuyo número lleva la resolución, el consejo no se ocupó del cruento alzamiento de las fuerzas armadas de Chile que depuso a un gobierno legítimo e hizo sufrir a la población vesanias de las que pudo ser protegida. Otras omisiones egregias del consejo, en África y los Balcanes, sí se han evocado. En un contexto regional en que movimientos populares han provocado, en un lapso tan breve que se antoja inverosímil, dos cambios de régimen virtualmente incruentos, resultaba en especial chocante la atroz intención del coronel de mantenerse en el poder, así como sus abusivas acciones para conseguirlo. Es muy difícil argumentar –como ahora lo hace el presidente del Council on Foreign Relations– que no existiera en Libia el riesgo de que la población fuese masacrada al perseguir a los opositores hasta los armarios de sus casas, como amenazó el coronel, quien según Richard Haass sólo trataba de intimidar a opositores potenciales (NYT, 28/03/11). El principio de no intervención en los asuntos internos de los estados no se inscribió en la Carta de las Naciones Unidas para amparar atrocidades tales. Enhorabuena la resolución del consejo de proteger a la población libia. Dicho esto, deben escudriñarse dos órdenes de asuntos: respecto de Libia, la idoneidad de los arbitrios autorizados para alcanzar esa finalidad, así como la forma en que se han puesto en práctica desde el 17 de marzo, y, respecto de una región en plena ebullición, qué significan la resolución y sus motivaciones para otros países en que ante manifestaciones sociales parecidas se ha respondido con la violencia, nacional o importada. Comencemos con la resolución y sus secuelas.

Es lamentable que no sean abiertas todas las deliberaciones del consejo. No queda sino suponer que la opción por establecer una zona de exclusión aérea y prohibir la invasión del territorio no se originó en criterios de celeridad y eficacia, sino más bien en el amarguísimo sabor de experiencias recientes. Como demostraron las operaciones bélicas de la coalición, desde su inicio se produjeron víctimas laterales y se incurrió en la paradoja de provocar muertes inocentes para proteger vidas también inocentes. La urgencia de extender la protección imposibilitó, es cierto, una cuidadosa planeación de las operaciones y de los criterios y protocolos a los que debían sujetarse. Incluso tras el muy demorado acuerdo de confiar a la OTAN el mando de las acciones aéreas, prevalece un ambiente cercano al todo se vale y ha dejado mucho que desear la coordinación de las acciones militares y su congruencia con los objetivos políticos.

Pese a su trascendencia, la resolución no alcanzó la unanimidad y fue cercana a la mínima la mayoría con que se adoptó. Habría muchas consideraciones que formular tras las cinco abstenciones y las motivaciones específicas de cada una. Ninguna responde, según parece, a indiferencia ante la situación o a un rechazo de principio de toda forma de acción multilateral. Una posición de este tipo sólo podía expresarse con el voto en contra. La más inesperada de las abstenciones fue, desde luego, la de Alemania, complementada días después con el retiro de sus activos militares del teatro de operaciones. Si, como se dijo, el objetivo –al igual que el del giro sobre la operación de algunas centrales nucleares– fue evitar un descalabro electoral el día 27, ahora se sabe que éste se produjo y que quizá respondió más a la cuestión nuclear que a la participación alemana en las operaciones en Libia. Tiene mayor sustancia el alegato que, al no coordinarse el sentido del voto de los países de la Unión Europea miembros del consejo (Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido), se demostró, por si hiciese falta, que la política exterior común de la unión es más noción fantasiosa que realidad. También se afectó la viabilidad de una de las fórmulas que ahora se discuten para la reforma del consejo: la de convertir a la UE en miembro permanente y facilitar el acomodo de otros aspirantes. Por cierto, la viabilidad de esa fórmula nunca ha parecido probable.

Los dos miembros del consejo por ALC también votaron de manera diferente. No hay que examinar el previsible sí colombiano, sino la abstención brasileña. Sus razones fueron muy específicas y claramente expresadas por la embajadora Ribeiro Viotti: los arbitrios incluidos en la resolución, en especial en su párrafo 4, van mucho más allá del llamado de la Liga Árabe a detener la violencia a través de una zona de exclusión aérea, que recibió apoyo unánime. En opinión de Brasil, la carta blanca extendida a los estados para adoptar todas las medidas necesarias, individuales o colectivas, encaminadas a proteger a civiles y zonas pobladas por civiles, no necesariamente conducirá a alcanzar el objetivo común: poner fin a la violencia y proteger a los civiles. Más bien pueden llevar –teme Brasil– a exacerbar las tensiones en el terreno y causar más daño que alivio a quienes se busca proteger. Además, la intervención militar externa alterará la naturaleza espontánea y endógena de los movimientos populares en la región. Ambas prevenciones han demostrado ser correctas.

La principal razón de la abstención de India, explicó su representante, fue la falta de claridad de la resolución acerca de las acciones militares autorizadas, su alcance, sus ejecutores, sus límites. Al igual que Brasil, lamentó relegar la vía política y diplomática y privilegiar el empleo de la fuerza. (Las previsibles abstenciones de dos miembros no electos, China y Rusia, respondieron a la peculiar lógica de los miembros del Club de los Cinco.) Pasará tiempo, quizá años, para saber si la resolución condujo a una salida que responda a las legítimas demandas del pueblo libio, y reafirmó su soberanía, independencia, integridad territorial y unidad nacional, como se expresa en su texto. Hay indicios de que se actúa contra ambos objetivos.