Los centros de derechos humanos Digna Ochoa, Fray Matías de Córdova y Ordóñez y Fray Bartolomé de Las Casas manifestaron en Chiapas su preocupación por el hostigamiento judicial a los integrantes del centro Digna Ochoa. De manera específica a su director Nataniel Hernández Núñez y otros abogados de la misma institución. Sobre ellos pesan cargos federales que más bien maquillan lo que de hecho es persecución en su contra por realizar su trabajo en las comunidades.

Ante evidencias de que se trata de un proceso artificial, los organismos civiles denuncian que en el expediente jurídico aparece la resolución de un juez en Tapachula que “es una reproducción del pliego de consignación elaborado por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en la ciudad de Arriaga, la cual se fundamenta en ‘declaraciones’ de policías, que resultan ser formatos acomodados para fabricar el delito”. Y precisan: En el expediente penal existen declaraciones idénticas, incluso con los mismos errores de redacción.

Los organismos de derechos humanos (con sedes en Tonalá, Tapachula y San Cristóbal de las Casas) recuerdan que el pasado día 15, Hernández Núñez y su hermana Jazmín realizaban una diligencia en el juzgado cuarto de distrito en Tapachula, asistiendo jurídicamente a pobladores de la comunidad Nicolás Bravo II (municipio de Mapastepec), quienes habían sido detenidos por la Policía Federal Ministerial (PFM).

Hernández permaneció en la ciudad tratando de averiguar el motivo de estas detenciones. Esa noche, mientras investigaba la situación de los detenidos en los juzgados de distrito, se le acercaron agentes de la PFM y lo interpelaron: Tú eres Nataniel, somos de la AFI y hay una orden de aprehensión. El aludido “les informó que contaba con un amparo, pero la agente federal del MP Griselda Flores de León indicó a los policías: ‘Es él, llévenselo, su amparo no sirve’”.

El defensor fue trasladado a instalaciones de la Procuraduría General de la República en Tapachula. Los agentes lo interrogaron, que si era dirigente de alguna organización que esté en contra del gobierno, y lo remitieron al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 3, en la misma ciudad. Allí le informaron, a su ingreso, que su acusador era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por hechos ocurridos el 22 de febrero en Pijijiapan. Cabe recordar que en aquella ocasión, los abogados del centro Digna Ochoa fueron encarcelados durante 10 días, luego de observar una protesta del Consejo Regional Autónomo de la zona Costa, adherente de la otra campaña.

Los cuatro detenidos de Mapastepec fueron liberados la mañana del día 16, y horas después Hernández, sólo que bajo caución y pagando multa. El día 18, el juez de la causa penal José Luis Zaya Roldán decretó auto de formal prisión en contra suya, por lo que seguirá el proceso en libertad bajo caución, yendo a firmar cada martes ante el juzgado. El MPF añadió el infundado cargo de extorsión, que es del fuero común, por lo que existe el riesgo que sea nuevamente detenido el defensor tonalteco.

Los centros de derechos humanos manifestaron preocupación por la utilización de acciones legales en contra de defensores, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo. Exigieron al gobierno federal cumplir con su obligación de poner fin a todo tipo de agresión u obstrucción al trabajo de los defensores de derechos humanos en Chiapas, y honrar sus obligaciones contraídas en tratados internacionales.