El presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Darrel Issa, envió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, requiriéndole más información y documentos relacionados con el escándalo provocado por el operativo Rápido y furioso, por el que más de 2 mil armas ingresaron en forma ilegal a México, que esa dependencia se ha negado a entregar, informó la televisora estadunidense CBS.

Dada la gravedad de este asunto, esta negativa es simplemente inaceptable, señaló el congresista por California, quien junto con Charles Grassley –el republicano de más alto rango en el Comité Judicial del Senado–, solicitó al Departamento de Estado información sobre un encuentro que sostuvo el hoy renunciante embajador Carlos Pascual con el subprocurador general, Lanny Breuer, en el verano de 2010, en el que analizaron acciones contra el narcotráfico en la legación estadunidense de la ciudad de México.

Además, informó más temprano la propia CBS, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) y el Departamento de Justicia no han responido a las solicitudes de Grassley en el contexto de la investigación sobre el operativo Rápido y furioso.

Me estoy uniendo a la solicitud del senador Grassley de conocer todos y cada uno de los reportes sobre la reunión entre Pascual, Breuer y otros funcionarios, “en relación con investigaciones en proceso relacionados con el Proyecto gunrunner (Traficante de armas) y su componente Rápido y furioso”, señaló Issa en la misiva con fecha de este martes.

El rechazo es desconcertante por derecho propio y está en contradicción con la promesa de transparencia promovida por el presidente (Barack) Obama, agregó Issa.

La CBS informó más temprano que Kenneth Melson, director general de la ATF, tenía programada una audiencia en el Senado el pasado jueves pero no asistió. El funcionario fue retirado de la lista de testigos de la audiencia.

Un vocero de la oficina del senador Robert Menendez, quien preside el subcomité que realizaría la audiencia, declaró a la CBS que fue decisión de Melson no acudir a testificar, y que el subcomité no tiene ninguna jurisdicción sobre la ATF.

Fuentes del Comité Judicial señalaron a la CBS que la comparecencia de Melson estaba por ser confirmada antes de que se destapara el escándalo de Rápido y furioso, pero ahora prevén que la audiencia del jefe de ATF, oficina implicada en el caso, no ocurra en el futuro inmediato.

En este contexto, Grassley se quejó también del hermetismo de la ATF en relación con el asesinato del agente estadunidense Jaime Zapata, ocurrido en una carretera del estado de San Luis Potosí, el 15 de febrero, y sugirió que el Departamento de Justicia ocultó datos clave sobre los compradores de un rifle ligado al crimen.

En misiva dirigida a Melson, Grassley le reclamó por no haber recibido respuesta a una anterior, del 4 de marzo, en la que señaló que la política de la ATF pudo haber contribuido a esa muerte.

Grassley se queja en la nueva misiva de que hasta el momento Melson no ha respondido a sus interrogantes, y revela que en su lugar recibió una carta del procurador adjunto Ronald Weich.

En su primera carta, el senador increpó a Melson sobre la posibilidad que hubo para evitar que un rifle semiautomático Romarm, modelo WASR de 7.62 milímetros, fuera usado en el ataque que causó la muerte a Zapata.

Los hermanos Ranferi Osorio, de 27 años, y Otilio Osorio, de 22, así como el afroestadunidense Kelvin Morrison, de 25, fueron acusados de comprar el arma en noviembre de 2010 como parte de la operación Gunrunner. Aunque eran investigados, fueron arrestados hasta el 28 de febrero.

Grassley solicitó el 4 de marzo a Melson que explicara las razones por las que se permitió que los hermanos Osorio y Morrison continuaran sus actividades ilegales y que precisara la fecha inicial en la que los tres sujetos empezaron a ser investigados por la ATF.

Asimismo, señaló que el Departamento de Justicia sólo indicó que los tres sujetos eran investigados desde noviembre de 2010, cuando éstos pasaron 40 armas a un informante de la ATF.

Sin embargo, me entero que agentes de la ATF observaron un cargamento de armas colocadas en el vehículo del sospechoso (Morrison) el 29 de julio de 2010, pero no había vigilancia sobre ese automotor, escribió el legislador.

La semana pasada los hermanos Osorio y Morrison fueron instruidos de cargos adicionales relacionados con su presunta operación ilegal de compra y venta de armas.

Las acusaciones incluyen conspiración para adquirir un arma de fuego a un distribuidor autorizado usando una declaración falsa, entre otros. Los Osorio fueron acusados además por la posesión de una arma de fuego con número de serie borrado o desfigurado.

Con información de Notimex