El asesinato de siete personas en Morelos, aparentemente en represalia por haber denunciado actos del crimen organizado, demuestra que las autoridades no protegen a quienes deciden colaborar con ellas en el señalamiento de los delincuentes, lamentaron activistas de organizaciones sociales.

Sergio Méndez, director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que hay una responsabilidad directa del gobierno en la protección de la gente que presenta denuncias, lo cual desgraciadamente no se cumple.

No es la primera vez que quienes denuncian con mucha valentía cívica son asesinados de forma tan artera. Las autoridades son responsables de lo que ocurrió con estos jóvenes, y queda claro que están infiltradas y compradas por el crimen organizado, apuntó.

Si no se garantizan condiciones mínimas de seguridad, “no se le puede exigir a los ciudadanos que tengan una cultura de denuncia. Es preocupante que el gobierno solicite la participación de la gente de manera incluso frívola, cuando Marisela Escobedo y miembros de la familia Reyes han sido ejecutados” por señalar las actividades de los criminales.

Pedir que se fomente la denuncia es un discurso hueco, cuando es evidente que las autoridades están infiltradas. Cuando alguien denuncia, se pone de cierta forma en manos del Estado, y éste tiene la responsabilidad de protegerlo, subrayó.

Por su parte, Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, coincidió en que no hay garantías de seguridad para las personas que se atreven a interponer una denuncia, lo cual propicia las condiciones de impunidad.

Lo vemos claramente con los casos de las compañeras de Chihuahua, que son madres de niñas y mujeres asesinadas. Ellas han denunciado y llevado estos casos ante la justicia y al final del día también se vuelven víctimas, lamentó. Es muy preocupante, dijo, que las autoridades exhorten a la ciudadanía a señalar a la delincuencia, pero no les brinden protección.