Se dispara el poder de fuego del crimen organizado
Martes 29 de marzo de 2011, p. 4
Los decomisos de armas a la delincuencia organizada efectuados en años recientes refieren de manera inequívoca un salto cualitativo en el poder de fuego de la criminalidad en México: a sus arsenales tradicionales de fusiles de asalto AK-47, AR-15 y otros similares se han agregado las ametralladoras de alto poder Barret calibre .50, las bazucas tipo RPG, los lanzadores automáticos de granadas e incluso misiles antiaéreos.
El RPG-7 original es un lanzador de proyectiles antitanque de diseño soviético, portátil, ligero (siete kilos) y de bajo costo, que ha sido empleado en casi todos los conflictos armados de los últimos 50 años, desde Vietnam hasta Libia. Con uno de esos artefactos fue ajusticiado Anastasio Somoza en Asunción, Paraguay, en 1980, y hasta la fecha es considerado una amenaza letal para los modernos tanques occidentales. Emplea munición explosiva calibre 85 milímetros, puede destruir hasta seis centímetros de blindaje y tiene un alcance máximo de 900 metros. Además de Rusia, se fabrica, con o sin licencia, en Bulgaria, Rumania, China, Irak, Pakistán y Estados Unidos, y su precio en el mercado legal de armas oscila, según la versión, los accesorios y el fabricante, entre 800 y 3 mil dólares.
Esta clase de armas ha sido decomisada a organizaciones delictivas, como ocurrió en el municipio neoleonés de Higueras en mayo de 2010, cuando efectivos del Ejército desmantelaron un campo de entrenamiento de presuntos zetas, en el que incautaron tres RPG-7, y hace una semana en Colima, donde la Marina capturó, después de un enfrentamiento, a tres individuos a los que confiscó un lanzacohetes de esta clase y cinco proyectiles útiles. Las autoridades no dieron a conocer, en ninguno de esos casos, el país de origen.
Los medios nacionales han publicado documentación gráfica sobre decomisos de bandas de munición para el lanzagranadas múltiple MK-19 (como el efectuado en Rosarito, Baja Californua, en marzo de 2008), de diseño y fabricación estadunidense, un arma de 35 kilos de peso particularmente letal, capaz de disparar seis proyectiles de 40 milímetros por segundo, con un alcance efectivo de kilómetro y medio. Se le suele instalar en tripiés sobre vehículos ligeros (pick-ups, humvees, camiones), es producido por Saco Defense Industries, división de General Dynamics, y su venta está restringida al Pentágono y a gobiernos extranjeros, aunque en el mercado legal de armas del país vecino es posible adquirir munición de fogueo o de entrenamiento (con poder explosivo reducido) para el MK-19.
El MK-19 es arma de dotación en diversas unidades militares de México, y fue empleada por tropas regulares en Apatzingán, en mayo de 2007, en el asalto a una vivienda particular en la que se hallaban unos presuntos delincuentes. La edificación se incendió al recibir los primeros impactos y quedó prácticamente demolida.
En agosto de 2009, la PGR admitió que la delincuencia organizada se encontraba un paso adelante
del gobierno en materia de armamento y tecnología, y afirmó que los estamentos criminales disponen de armas antiaéreas. Además de los fusiles y ametralladoras calibre .50 y de los RPG-7, capaces de derribar aeronaves que vuelen a baja altura, diversos analistas han señalado la posibilidad de que los cárteles del narcotráfico posean misiles antiaéreos, mucho más eficaces y letales.
La semana pasada se señaló, en un reportaje de CNN, que el gobierno estadunidense desactivó una conspiración del cártel de Sinaloa para adquirir, en 200 mil dólares, un misil Stinger, como los que Washington distribuyó entre las guerrillas fundamentalistas de Afganistán en tiempos de la invasión soviética, que causaron severas pérdidas a la fuerza aérea de Moscú.
En mayo del año antepasado, efectivos policiacos descubrieron en Playa Bagdad, en el norte de Tamaulipas, un misil antiaéreo de guía infrarroja abandonado frente a la zona comercial. La Armada confiscó el artefacto y un elemento de la Marina que no proporcionó su nombre lo identificó como un arma soviética de la primera generación de misiles antiaéreos portátiles. Por la descripción, podría tratarse de un Strela 2, como los que causaron en Vietnam el derribo de una cuarentena de helicópteros estadunidenses y que fueron ampliamente distribuidos y usados en diversos escenarios de la guerra fría y, posteriormente, en Afganistán, Irak, Pakistán y en diversos escenarios bélicos africanos.
En los mandos gubernamentales mexicanos ha causado alarma la gran cantidad de ametralladoras Barret calibre .50 (M82A1, M82A3 y M107) que se encuentran en manos de organizaciones delictivas. Muchos de estos artefactos han sido incautados a presuntos narcotraficantes en años recientes. Son armas antiblindaje y con una posible aplicación antiaérea, ampliamente usadas por las fuerzas estadunidenses en las dos guerras contra Irak. Son tan poderosas que el estado de California prohibió su venta a civiles, a pesar de la presión de los grupos defensores del armamentismo ciudadano a ultranza. En la mayor parte de Estados Unidos sigue permitida su venta sin restricciones a particulares.
Paradójicamente, quienes se toparon con un laberinto burocrático a la hora de adquirir cinco de estas ametralladoras fueron los encargados de adquisiciones del Estado Mayor Presidencial (EMP).
En un cable diplomático fechado el 20 de agosto de 2009, que forma parte del conjunto de documentos entregado por Wikileaks a La Jornada (09STATE86845), se reseña el estricto seguimiento de las autoridades estadunidenses a la solicitud mexicana, al embarque y a la recepción de ese material bélico. En esa fecha, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidió a la Oficina de Controles para el Comercio de Defensa, en el contexto del programa conocido como Linterna Azul, que ayudara en la verificación de la licencia de exportación correspondiente y confirmara que las armas y sus respectivas municiones fuesen efectivamente recibidas por el EMP y que se observara las medidas de seguridad pertinentes.
El EMP nunca ha estado involucrado en una licencia estadunidense de exportación de armas y munición
, se explica en el escrito, y se señala que las Barret tienen como propósito ser usadas para la protección del presidente de México
.
El cable enumeró los documentos anexos: el contrato de compraventa por cinco ametralladoras, 5 mil 40 cartuchos y el entrenamiento para cinco estudiantes, por un total de 93 mil 565 dólares; el certificado de no transferencia de esas armas; el permiso de importación emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional y el oficio de uso final, emitido por el EMP.
Cualquier estadunidense, fuera de California, puede adquirir por Internet, sin tanto papeleo, y a cambio de unos 8 o 9 mil dólares por unidad, cuantas unidades quiera de las afamadas Barret.
Enlaces:
Esta nota con vínculos a los cables
