Guadalajara, Jal., 28 de marzo. Habitantes de la comunidad de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, con apoyo de activistas locales y de otros estados, instalaron un plantón en las obras de la presa El Zapotillo, y advirtieron que no se irán hasta que se cancele el proyecto, que inundaría ese poblado y los vecinos de Acasico y Palmarejo.

La noche del domingo los pobladores tomaron esta decisión en una asamblea porque los trabajos continúan a pesar de mandatos legales y protestas, informaron el Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo y el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

Recordaron que la sentencia del amparo 2245/2008 y su acumulado 2262/2008 del 31 de enero 2011, emitida por el juzgado primero de sistrito auxiliar con residencia en Guadalajara, ordenó a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión de Aguas de Jalisco la suspensión de la construcción de la presa debido a que se violan las garantías individuales de igualdad, medio ambiente adecuado, vivienda digna y decorosa, audiencia, información, propiedad, libertad de cultos, desarrollo nacional, integral y democrático, consulta y participación en la planeación, fundamentación y motivación.

Sin embargo, ni la Conagua ni los gobiernos de Jalisco y Guanajuato han acatado la resolución; por eso, la mañana de este lunes unas 200 personas ingresaron a la obra para instalar un campamento y en el transcurso del día se sumaron decenas de inconformes.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y Mapder afirmaron que los responsables de la obra, que realiza la Federación con aportaciones de los gobiernos panistas de Jalisco y Guanajuato, carece de permisos para cambio de uso de suelo del ayuntamiento de Cañadas de Obregón y, por tanto, tampoco existe aval para construir la cortina de 105 metros de altura.

Se solicitó al secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, que diera a conocer la postura del gobierno de Jalisco, pero ni él ni otro funcionario hicieron declaraciones al respecto.

Once patrullas de la policía estatal, cada una con cuatro elementos, además de un agente del Ministerio Público, fueron enviadas a las 19 horas a la zona de la obra. Hasta las 20 horas no se había intentado un desalojo.

Enrique Ibarra Pedroza, diputado federal del Partido del Trabajo, comisionado por legisladores aliados al movimiento del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para estar pendiente de este caso, se presentó para informar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó medidas cautelaresy se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.