Meter a la cárcel al hombre o la mujer que no entreguen la pensión alimentaria de sus hijos, como en días pasados planteó una iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no resuelve la protección de los menores, criminaliza a uno de los integrantes de la familia y destruye el tejido social, dijo Joel Ortega Cuevas, presidente de Ciudadanía y Democracia, agrupación política local.

El funcionario habló ante un grupo de mujeres en la delegación Xochimilco, y pidió mesura a los diputados locales al proponer y analizar iniciativas cuyos efectos serían el incremento de la población carcelaria y la mezcla de delincuentes peligrosos y violentos con padres de familia cuyo delito será incumplir su responsabilidad civil.

Para garantizar que la pensión llegue a los menores, propuso otorgar facultades a los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia del DF, de forma que el juez esté habilitado para ordenar el pago mensual con base en fondos de ahorro, de pensión o de retiro, para lo cual es necesario efectuar una reforma legislativa federal con el fin de que los juzgados familiares tengan la atribución de realizar el cobro.

Explicó que, como las mujeres son quienes tienen mayores problemas para la manutención de sus hijos tras la separación, es necesario ayudar a la mujer a que rencauce su vida y por ello deben otorgar fondos con el objetivo de capacitarlas para el empleo, además de crear una nueva institución que defienda los derechos de la mujer y vele por que los menores no se queden nunca sin pensión por falta de efectividad en la justicia o de la demora de un juez.

Como cada día 28 de mes, miles de devotos de San Judas Tadeo arriban a la iglesia de San Hipólito, ubicada en la esquina de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en la colonia GuerreroFoto Notimex

La iniciativa considera morosos a quienes no entregan pensión luego de tres meses, un lapso muy grande que afecta la economía familiar, sin que se tengan otras previsiones. Los diputados deben ser sensibles a la grave crisis económica y de empleo que agobia al país y que evidentemente tiene repercusión en todos los ámbitos de las vidas de las personas y de sus familias, indicó.

Lo que se debe impulsar es una paternidad diferente, porque es claro que hay hombres que evaden su responsabilidad: ocultan que tienen empleo, el verdadero monto de sus salarios e incluso se cambian el nombre para evitar los pagos. Criticó que la iniciativa carece de originalidad; se quiere vender como solución con un toque populista.

La estrategia, dijo Ortega, no debe ser criminalizar, sino explorar y aprobar otros medios de solución de controversias. La privación de la libertad debe ser la última instancia a la cual recurrir.