A las 16 horas de ayer, Mara Adriana Mayo, presidenta de la junta especial número 5, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), determinó suspender la audiencia, que se celebraba desde las 10 de la mañana, en relación con miles de demandas laborales promovidas por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

La audiencia fue reprogramada para el 9 de abril; sin embargo, cientos de electricistas que estaban afuera de este tribunal determinaron instalar un plantón permanente para exigir la inmediata reanudación de la diligencia.

De igual forma, el SME pedirá la intervención de la Cámara de Diputados para que los legisladores conozcan de la dilación de los juicios y las trabas que tienen que enfrentar los trabajadores.

En este caso las demandas fueron presentadas el 6 de noviembre de 2009, casi un mes después de que se expidió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y apenas este sábado se desarrollaba la audiencia de presentación de pruebas.

Los electricistas litigan que fueron despedidos de manera injustificada; reclaman pago de salarios caídos y, como última opción, ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en calidad de patrón sustituto.

Que intervenga la Cámara de Diputados; que los legisladores vean, ahora que pretenden aprobar una reforma laboral, la forma en que la JFCA dilata los juicios. Este tribunal no es autónomo, obedece al gobierno y a los patrones y usa tácticas dilatorias para obligar a los trabajadores a desistirse, advirtió Martín Esparza.

Afuera de la JFCA, luego de seis horas de audiencia, el dirigente comentó que la diligencia fue videograbada para demostrar que la responsable del caso todo el tiempo estuvo encerrada en una oficina, detrás del escritorio, y sin dar ninguna justificación legal decidió suspender la audiencia.

El SME dijo que presentó más de 200 documentos como prueba, mientras el organismo encargado de la liquidación de LFC (el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) entregó comprobantes flácidos.

Ellos presentaron como prueba los convenios que firmamos para el pago de ahorros y aguinaldo, con el argumento flácido de que con ello manifestamos nuestro interés de liquidarnos, dijo Eduardo Bobadilla, secretario del Trabajo del SME, quien junto con Esparza representó a los integrantes del sindicato, durante lo que se esperaba como la audiencia más importante del caso.

El proceso de demandas colectivas e individuales sigue su curso a casi año y medio de la desaparición de LFC, ya que en julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el decreto de extinción era constitucional, pero dejó a salvo la promoción de juicios en materia laboral.

Debido a la suspensión de la audiencia, los abogados de la CFE no pudieron entregar sus pruebas, aunque se supo –según declaraciones de dirigentes sindicales– que la paraestatal alega que sólo le dieron en comodato por tres años la operación de lo que fue la zona de influencia de LFC, por lo que no procede la contratación de los 16 mil electricistas que reclaman esta vía con base en lo que se conoce como patrón sustituto.

Por lo pronto, los integrantes del SME seguirán con el plantón en el Zócalo y, desde la tarde de ayer, al grito de fuera la presidenta de la junta Mara Adriana Mayo, se declararon en plantón permanente en la puerta de la JFCA, ubicada en Azcapotzalco.

Nadie sale, nadie entra!, advertían los electricistas. Desde la esfera del gobierno, Javier Lozano (secretario del Trabajo) tiene controlada a la JFCA. Nos queda claro que los problemas derivados de la extinción de LFC no son un asunto económico, sino político. Estas instituciones laborales están secuestradas por la pandilla encabezada por Lozano.

“Esta señora (Adriana Mayo) tiene más de un año con el expediente y hoy no dio la cara…si no tiene capacidad de resolver, ¡que renuncie!”, dijo Esparza.