Además del abandono y el olvido en que se encuentran, las escuelas públicas del Distrito Federal enfrentan el saqueo de equipo de cómputo y mobiliario por parte de la delincuencia, situación que va en aumento, pues según cifras oficiales, en 2010 las denuncias por robos a planteles educativos se incrementaron 53 por ciento respecto del año anterior.

Ante esta situación, el diputado del PRD Fernando Cuéllar adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa para modificar el Código Penal, para agravar este tipo de delito e imponer una pena de dos a seis años de cárcel a quien lo cometa.

En entrevista, detalló que de acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 2009 se presentaron 276 denuncias por robo de equipo de cómputo y mobiliario en escuelas, cifra que se elevó el año pasado a 424.

Esa es una conducta delictiva que no podemos tolerar, porque va en contra de lo que es la tarea más importante del Estado, que es educar. Ahí se invierten recursos no sólo de las autoridades sino también de los padres de familia que se dan con muchos esfuerzos, y que se pierden totalmente porque este tipo de equipo no tiene seguro, apuntó.

Antes, agregó, había respeto por las iglesias y las escuelas, pero ahora también se han convertido en blanco de la delincuencia, por lo que hay mandar el mensaje de que quien atente contra ellas tendrá una sanción mayor al de cualquier otro robo.

Detalló que actualmente el robo en escuelas no se encuentra tipificado como tal, sino sólo se considera como robo simple, o como robo en espacio cerrado, que se castigan con penas mínimas, dependiendo del valor de lo sustraído, entre ellas prisión de seis meses a dos años y 60 a 150 días de salarios mínimo de multa.

Indicó que a fin de frenar este saqueo se propone adicionar la fracción décima del artículo 224 del Código Penal, para que quien sustraiga mobiliario, equipo de cómputo o cualquier medio informativo o documentos oficiales que se encuentran en un inmueble destinado como institución educativa se le imponga de dos a seis años de prisión.

Dijo que las escuelas cuentan con un patrimonio disminuido y en muchos casos precario, el cual se ve seriamente dañado con acciones delictivas.

Aclaró que en otros estados hay disposiciones legales similares que han causado polémica o han enfrentado dificultades, pues se interpreta que si un niño le roba la mochila a otro en el interior del plantel, podría ser considerado como delincuente. Aquí en esta iniciativa hemos cuidado que no haya esas imperfecciones y hemos especificado exactamente a qué tipo de robo nos referimos, expuso.