Más de una decena de denuncias anónimas enviadas por correo electrónico a través de las cuentas institucionales, una acusación de obstrucción a la justicia, así como señalamientos de tres litigantes en materia fiscal son las principales pistas que tiene la visitaduría de la Procuraduría General de la República en las investigaciones que realiza en contra de Juan Carlos Rincón Sánchez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y Samuel Hernández de Alba, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, y que involucran también al subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel.

Fuentes de la PGR que solicitaron el anonimato para no ser acusadas de revelación de secretos, indicaron que la visitaduría ya ha citado a comparecer en calidad de testigo a José Humbertus Pérez, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, para que ratifique los señalamientos que realizó en su denuncia contra el ex fiscal Juan Carlos Rincón Sánchez, a quien acusó de haber cometido actos ilícitos al impedir que se investigara un fraude a Sociedad Hipotecaria Federal por parte de compañías constructoras de vivienda que operan en municipios de la zona conurbada al Distrito Federal.

La Jornada reveló el pasado 24 de marzo que la PGR investiga una red de corrupción que opera al interior de esa institución y en la que estarían involucrados el subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel, así como varios de sus fiscales encargados de combatir ilícitos cometidos por servidores públicos, violaciones a las leyes fiscales y contra la administración de la justicia.

Las investigaciones que realiza la visitaduría de la PGR tienen como finalidad determinar si, como lo mencionan las denuncias recibidas, los fiscales habrían incurrido en enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho durante el ejercicio de sus funciones.

En ese contexto, se debe mencionar que en el periodo de 2008 a 2010 tres fiscalías especializadas en el combate a delitos cometidos por servidores públicos, contra la administración de la justicia y a la corrupción en el servicio público federal, iniciaron 645 investigaciones por la comisión de delitos, principalmente relacionados con el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, contra la administración de la justicia y peculado.

Reportes de la Procuraduría General de la República indican que fue en los años 2008 y 2009 cuando se denunció el mayor número de actos ilícitos cometidos por empleados de la propia institución y otras dependencias que brindan atención a la ciudadanía.