ontra lo que se cree, los movimientos populares recurren bastante a las leyes para apuntalar sus demandas. No es que crean que ahí están las esperanzas de que sus derechos, violados desde el aparato estatal o las empresas capitalistas, sean respetados; lo que pasa es que saben o intuyen que el derecho es una herramienta importante que no tienen por qué dejar en manos de las autoridades, por más neoliberales que sean, para que lo esgriman contra ellos. Para su desgracia y la de todos los ciudadanos, cada día que pasa el autoritarismo estatal se empeña en negar la posibilidad de acceder a la justicia por esa vía, generando un encono social que si no se atiende correctamente y a tiempo puede desbordarse.
Para muestra un botón. El pasado 16 de marzo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió ante empresarios de Guanajuato a que antes de que termine su sexenio la presa El Zapotillo –que se construye en Jalisco, pero dotará de agua a la industria de aquel estado– estará terminada. El anuncio no causaría preocupación si no fuera porque la obra se realiza con la oposición de quienes serán afectados con ella: los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, de los municipios jaliscienses de Cañadas de Obregón y Mexticacán, donde se ubicará la presa. Cerca de mil personas están convencidas de que con esta obra se violan sus derechos y han hecho todo lo que pueden para defenderlos.
En materia legal han recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Tribunal de lo Administrativo del estado y a los juzgados de amparo para que hagan cesar las violaciones a sus derechos, así como a diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Todos les han dado la razón en sus reclamos y sin embargo las obras continúan adelante. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en su resolución del expediente 35/2009, del 31 de diciembre de 2009, dijo que con la construcción de dicha obra se violaba el derecho a la propiedad, la salud, la vivienda, al medio ambiente sano y al desarrollo, recomendando la suspensión de la obra; a similar conclusión llegó el Tribunal de lo Administrativo del estado el 15 de diciembre de 2009, al resolver sobre la construcción de las viviendas donde se piensa reubicar a los afectados, decretando una suspensión provisional de los actos.
En ningún caso las autoridades hicieron caso y la construcción siguió adelante. Como si nada hubiera pasado. En esa situación, los afectados promovieron un incidente de desacato y el 17 de noviembre de 2010 la quinta sala unitaria de lo administrativo emplazó a las autoridades estatales para que dejaran las cosas como estaban; es decir, se abstuvieran de continuar con las obras hasta que se resolviera el fondo del problema. Las autoridades tampoco en esa oportunidad obedecieron la resolución del tribunal y éste tuvo que dar vista a la Procuraduría de Justicia del estado para que procediera en contra de ellas. Hasta la fecha nada ha sucedido.
El pasado 4 de febrero un juzgado auxiliar de distrito con sede en la ciudad de Guadalajara volvió a amparar a los afectados en un juicio cuya resolución no deja lugar a dudas sobre lo justo de sus reclamos. En ella, la juez Martha Leticia Muro Arellano expresó: queda clara la constante negativa de las autoridades responsables, no sólo a dar a los interesados garantía de audiencia, como ordena el artículo 14 constitucional, sino a brindarles toda la información necesaria para que en pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de propiedad, puedan opinar, discutir, aportar soluciones alternativas de relacionarse o asesorarse de expertos que aporten soluciones a la prioridad de satisfacer la necesidades acuíferas de un conglomerado social.
En lugar de acatar la resolución, las autoridades federales y estatales a quienes se conminaba a suspender las obras, recurrieron la sentencia, que se encuentra ante el tribunal colegiado correspondiente en espera de resolución. Pareciera que pesa más la determinación política del Presidente de la República de entregar la obra a los industriales guanajuatenses antes de que termine su sexenio que la obligación de las autoridades de ceñir sus actos al orden jurídico y respetar los derechos de los afectados. Aquí es claro el fenómeno que hace décadas señaló Michel Foucault: que el derecho se hace, esencialmente, en torno del poder real y en su beneficio. Eso los pueblos en lucha lo saben y aún así se aferran a él. Lo que no está claro es que las personas del poder sepan qué pasará cuando la esperanza en el derecho se pierda.
