León, Gto., 25 de marzo. El gobierno municipal panista se comprometió a suspender el programa Crucero Seguro y dejar de arrestar a indígenas, comerciantes, limpiaparabrisas y limosneros en las calles, pues violentan sus derechos humanos y se estaría criminalizando la pobreza, informó Gustavo Rodríguez Junquera, ombudsman de Guanajuato.

En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) recibió cuatro quejas de indígenas que por vender semillas, dulces, flores o artesanías en los cruceros de León han sido detenidos e incluso golpeados por policías, refirió el titular del organismo.

La semana pasada, la PDHG emitió una recomendación por la violación a las garantías individuales de la otomí Magdalena de la Cruz, quien fue arrestada y lesionada por vender flores.

Asimismo, está en puerta una recomendación por abusos cometidos contra una pareja indígena que vende rosarios; una queja más se integró la semana pasada, y otra más está en investigación, precisó Rodríguez Junquera.

No se puede detener a las personas si no están cometiendo un delito. La cuestión de pedir limosna no es falta administrativa ni delito, puntualizó el procurador. Agregó que los policías arrestan por igual a indígenas, limpiaparabrisas, comerciantes y limosneros.

Si el gobierno de León tiene elementos para afirmar que las personas que realizan una actividad en los cruceros son halcones del crimen organizado que los denuncie ante el Ministerio Público; sin embargo, es una apreciación desafortunada del alcalde Ricardo Sheffield Padilla, consideró el ombudsman.

Estas personas viven en situación de pobreza y marginación; buscan sostenerse y cómo mantener a su familia, manifestó el titular de la PDHG.