Las violencias de distinto tipo son construcciones sociales, económicas, culturales y políticas. Así lo demuestra un estudio multidisciplinario realizado por especialistas de universidades y centros de investigación en cuatro urbes del país (Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco, y la capital de Aguascalientes).

El análisis –coordinado por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide-Social)– subraya que estas urbes son espacios propicios para la violencia por su crecimiento horizontal, segregado por clases sociales, con fraccionamientos amurallados, numerosos terrenos baldíos, insuficiencia de espacios públicos y la creciente desubicación de servicios sociales.

El estudio se discutió en el contexto del Seminario de la Cuestión Social, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahí, los especialistas intercambiaron información sobre los hallazgos derivados del trabajo (que se realizó entre 2009 y 2010, con apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres).

La investigación se basó en los factores económicos, sociales, culturales y políticos que han contribuido a la construcción de violencias de género, juvenil, social, criminal e intrafamiliar, entre otras.

En los resultados destaca que muchos jóvenes son discriminados y perseguidos por policías y gobiernos locales por ser pobres o pertenecer a grupos específicos.

La educación, en lugar de apoyar el desarrollo de capacidades de protección y contención, contribuye a exacerbar la violencia, el aburrimiento y la frustración por su poca pertinencia a la realidad que viven los jóvenes, por su costo y por la insuficiencia de espacios de educación media superior, concluye el documento.

Otro hallazgos de los Diagnósticos sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en entornos urbanos, es que otros factores precursores de las violencias son el congestionamiento de vialidades, la falta de planeación de las mismas y la insuficiencia y el control interesado del transporte público.

Agrega que a partir de la apertura de mercados de la tierra y de nuevos desarrollos inmobiliarios alejados de las ciudades, con miles de viviendas mínimas y de mala calidad, se ha incrementado el estrés, enojo y frustración de los habitantes de estas ciudades.

Las crisis económicas y la flexibilización del mercado de trabajo han provocado el desalojo de miles de trabajadores, precarizando las condiciones de trabajo y provocando, a su vez, una precarización de la economía del cuidado, expone el diagnóstico.

Concluye que son necesarias políticas preventivas en los campos social, económico y cultural para ir transformando los factores que contribuyen a crear entornos violentos y conductas que lastiman la vida, la dignidad y la propiedad de las personas y las familias.

Durante el encuentro realizado en la UNAM, Delia Acosta Beltrán, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, indicó que debido a la violencia en esa urbe fronteriza miles de personas han preferido perder su patrimonio y abandonar sus casas, que se han transformado en espacios potenciales para la violencia e infecciones al convertirse en basureros. Otro conflicto derivado de la violencia en esa ciudad, explicó, es el amurallamiento de unidades habitacionales que, sin embargo, no ha sido limitante para el crimen organizado.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, subrayó que el proceso de las violencias no sólo debe verse como asunto de justicia o seguridad, sino como el que articula y se convierte en uno de los ejes transversales para pensar en todo el entorno social.

Rolando Cordera Campos, investigador emérito de la UNAM, aseguró que el fenómeno de las violencias tiene una raíz social, cultural, económica y demográfica que no se ha asumido con la profundidad y responsabilidad necesarias. Indicó que se trata de una situación que no puede resolverse por la vía de las armas, sino que demanda la intervención comprometida de intelectuales y académicos.

Para enfrentar la violencia, señalaron académicos y organismos sociales, se requieren políticas públicas alternativas, una participación social activa y un acuerdo entre los actores políticos.