jemplos sobran (banca, líneas aéreas, ingenios azucareros, carreteras, etcétera, etcétera) para documentar el daño provocado a la nación por la política privatizadora puesta en marcha desde hace casi tres décadas. Más allá de fortalecer la concentración del ingreso y la riqueza, así como monopolios y oligopolios, sólo hay que recordar que entre sus resultados se cuentan los 120 mil millones de dólares que a los mexicanos costó, cuesta y costará el rescate de las instituciones financieras desincorporadas en el salinato, salvadas en el zedillato y trasnacionalizadas durante los sexenios del propio Zedillo y de Fox, o 15 millones de billetes verdes del rescate carretero, entre otros.

A pesar de los ingratos resultados en este sentido, el grupo en el poder insiste en los beneficios de privatizar la industria petrolera (y terminar de hacer lo propio con la eléctrica) por falta de recursos públicos, es decir, por lo mismo que a lo largo de 30 años han pretextado para desmantelar prácticamente todo el aparato productivo del Estado. Entonces, como no les alcanza la experiencia mexicana, van dos ejemplos concretos sobre privatizaciones energéticas en países latinoamericanos, cuyos gobiernos, en su momento (Carlos Menem y Gonzalo Sánchez de Losada), prometieron el oro y el moro a sus connacionales como producto de la entrega de este sector estratégico al capital trasnacional.

Como ha documentado la Cepal, lejos de haber fomentado una estructura más abierta, transparente, equitativa y competitiva, la privatización petrolera argentina fortaleció el poder de concentración de grupos extranjeros y la inestabilidad financiera de un modelo estructural insospechado antes de las reformas. Desde el punto de vista del impacto sobre la distribución del ingreso petrolero, las reformas favorecieron más en términos absolutos y relativos al sector privado que al Estado. Los productores de petróleo se vieron especialmente favorecidos por la posibilidad de aumentar significativamente la explotación de crudo a costos muy bajos, sobre la base de reservas descubiertas previamente, con costos marginales inferiores a los medios por tratarse de áreas centrales de gran productividad, recibiendo a cambio precios internacionales tanto para el crudo vendido en el mercado interno como el exportado.

Como era de esperarse, “en ningún caso las inversiones privadas fueron significativas con relación a la magnitud de la rentabilidad y los ingresos obtenidos. Por su parte, el Estado argentino percibió ingresos que, en términos de su aplicación a gastos fuertemente influenciados por el alto costo nacional –derivado de la misma apreciación monetaria– fueron insuficientes para contribuir a un mayor equilibrio presupuestario. Así, la privatización petrolera lejos de resolver el problema fiscal y financiero nacional, contribuyó a la acumulación estructural de desequilibrios… Se concluye que el único objetivo que se cumplió plenamente con el programa de reformas es el de la maximización del valor presente neto de las inversiones realizadas previamente (con recursos del erario) y cuyos beneficiarios han sido actores predominantemente financieros y las empresas petroleras privadas que ya operaban. En cambio, el objetivo de lograr una mayor competencia y disputabilidad de los mercados con características oligopólicas no se ha logrado” (las trasnacionales son propietarias de 90 por ciento del crudo producido en Argentina, Repsol la mayor de ellas, con cerca de la mitad. Son las mismas que se quedaron con el 85 por ciento del gas natural).

En Bolivia (antes de Evo, desde luego) las trasnacionales energéticas que operaban en aquel país sudamericano reportaban uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial. Informes oficiales del gobierno (aún con Carlos Meza en la silla) detallaban que esos consorcios tomaron el control de los ricos yacimientos petrolíferos y gaseros con los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido, sin mayores inversiones, los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, y pagando impuestos simbólicos. Repsol y Amoco, que en la época de capitalización (privatización) de las empresas del Estado tomaron el control de YPFB, registraban los costos unitarios de producción y exploración de hidrocarburos más bajos entre 200 empresas analizadas internacionalmente. En 2004 el costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo era de 5.6 dólares a nivel mundial (4 dólares para Pemex), pero en Bolivia se reducía, en el caso de Repsol, a sólo un dólar y en el de Amoco a 97 centavos.

Otras trasnacionales que sin restricción operaban en Bolivia, como Total, Maxus, Petrobras, British Gas, Panamerican Gas y Shell, también tenían costos muy bajos, producto de las excesivas y onerosas concesiones que el Estado boliviano otorgó en la década de los años 90, cuando se privatizó la industria petrolera de aquel país y se desmanteló la empresa estatal. Los costos de producción incluyen gastos operativos, mantenimiento de pozos, infraestructura y equipamiento, gastos administrativos directos e impuestos de producción. Todas las inversiones y trabajos de prospección, exploración y desarrollo de campos realizadas por el Estado boliviano beneficiaron directamente a las petroleras extranjeras, que sin invertir mayor cosa encontraron gas y petróleo a raudales.

Con una tributación prácticamente simbólica, costos tan bajos y aprovechando al máximo el trabajo anterior desarrollado por el Estado, invertir en Bolivia se convirtió en sinónimo de altas ganancias y escasos riesgos para las trasnacionales del ramo. La tasa de éxito para encontrar gas y petróleo en aquel país se cuenta entre las más altas del mundo: 50 por ciento.

Mientras las trasnacionales beneficiadas con la privatización se hinchaban de utilidades, los consumidores bolivianos –domésticos e industriales– pagaban sus hidrocarburos a precio de importación. A cambio, empresas como Repsol pagaba impuestos de mentiritas: 4.3 millones de dólares como promedio anual, no obstante sus exorbitantes ganancias.

¿Cuál sería la ruta privatizadora del petróleo mexicano? ¿Quiénes los beneficiarios? Sólo hay que reflejarse en el espejo argentino y boliviano para saber de qué se trata.

Las rebanadas del pastel

Al cierre de febrero, la tasa oficial de desocupación abierta fue de 5.28 por ciento de la población económicamente activa, mayor a la de enero, de tal suerte que 2.5 millones de mexicanos se mantienen en la desocupación abierta y, como diría el carismático pianista que despacha en la Secretaría del Trabajo, cada uno de ellos tiene nombre y apellido, y no comen discursos.

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