Durango, Dgo. 24 de marzo. Gustavo Pedro Cortés, dirigente de la Organización Democrática Campesina (ODC), solicitó la renuncia de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) en esta entidad, por la deuda de 160 millones de pesos que tienen las acopiadoras de frijol con productores del grano.

La Jornada publicó ayer que alrededor de 20 acopiadoras de frijol adeudan el pago de 20 mil toneladas del grano a poco más de 10 mil productores duranguenses, quienes desde hace más de cuatro meses esperan el dinero para liquidar créditos a bancos y particulares.

Indicó que autoridades de Sagarpa y Aserca seleccionaron a las acopiadoras que participaron en el esquema de comercialización del frijol para 2010, y debieron verificar que las 31 empresas que participaron tuvieran liquidez económica.

Si tienen vergüenza deberían renunciar porque no supieron hacer bien su trabajo, señaló Cortés, también legislador del Partido del Trabajo.

Señaló que de las 20 acopiadoras que deben pagos a los campesinos, tres concentran la mayor cantidad de pasivos: Rotmar, Los Tres Viejos e Integradora Emiliano Zapata, y la primera les llega a pagar hasta medio año después, en el mejor de los casos.

Dijo que Rotmar, propiedad de Salvador Rodríguez, tiene un padrino que siempre intercede para que la incluyan en el esquema federal de comercialización. Forma parte del Senado y es de extracción panista, señaló, sin dar mayores detalles.

René Almeida Grajeda, delegado de la Sagarpa, refirió que el problema que enfrentan las acopiadoras que no han terminado de pagar el frijol a los productores se debe a la caída del mercado nacional. No han logrado vender el grano, dijo.

Reconoció que fue un descuido de Aserca no haber verificado la liquidez financiera de las acopiadoras, pero acotó que no es culpa de la Sagarpa y responsabilizó a las autoridades de Aserca.

Rechazó que el pasivo sea de 160 millones de pesos, aunque aceptó entre 18 mil y 20 mil toneladas no han sido pagadas. Las acopiadoras pagaron parte, no los ocho pesos por kilo; algunas cuatro pesos, otras tres, concluyó.