Por mayoría de votos, diputados de PRD, PAN, PRI, PVEM y PT aprobaron ayer un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que vaya a fondo en la denuncia presentada contra el ex legislador local perredista y hasta ayer funcionario de la delegación Gustavo A. Madero Juan Bustos Pascual, acusado de violar a una niña de 12 años.

El correspondiente punto de acuerdo fue presentado en la tribuna de la Asamblea Legislativa del DF por el príista Cristian Vargas, quien propuso, y así se aprobó, que la PGJDF brinde toda la seguridad necesaria a la víctima y a sus familiares hasta que la autoridad judicial emita una sentencia; aunado a ello, esa misma dependencia deberá entregar un informe detallado a la ALDF acerca de los avances en ese caso.

De hecho, el tema generó un roce verbal entre priístas y perredistas, sobre todo porque el diputado Cristian Vargas prácticamente convirtió en juez a la tribuna legislativa y consideró culpable al ex diputado, lo que fue impugnado por los perredistas, quienes alegaron que la única instancia para declarar inocencias o culpabilidades son los jueces.

Hasta el pasado miércoles, Bustos Pascual ocupaba el cargo de director ejecutivo de Fomento Cooperativo en la citada demarcación política, y tuvo que dejar esa responsabilidad luego de que fue acusado de haber violado a una niña de 12 años. El pasado 15 de marzo presentó su renuncia y la noche de antier le fue aceptada por el jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo Román.

De acuerdo con los registros de la demarcación, Bustos Pascual se incorporó al gobierno delegacional con la administración de Joel Ortega y desde entonces ha ocupado diversos cargos en la estructura delegacional.

Durante los conflictos sociales y políticos que se han suscitado en Gustavo A. Madero, como fue la destitución de Octavio Flores Millán por el fraude de las empresas del grupo Quart, propiedad de Carlos Ahumada y la dimisión de Francisco Chiguil por el caso News Divine, se le ha vinculado con grupos porriles.

La renuncia –informaron las autoridades– se aceptó con el propósito de que pueda atender puntualmente la demanda penal que obra en su contra, que interpuso en días pasados su ex pareja sentimental por la presunta violación de una menor en Acapulco, Guerrero, en diciembre de 2009.