México es uno de los países en donde más agua embotellada se consume en el mundo, unos 234 litros por persona al año según datos de Beverages Marketing Corporation. En ese sentido, el caso de los legisladores federales es extremo, aseguró Alejandro Calvillo, presidente de la organización El Poder del Consumidor (EPC), quien condenó esta práctica que además de beneficiar a grandes trasnacionales y generar contaminación por los envases, se financia con dinero de los contribuyentes.

En conferencia de prensa, Calvillo indicó que “los diputados y senadores mexicanos pueden ser ya los mayores consumidores de agua embotellada y generadores de basura PET –como son conocidos los envases de polietileno– en el mundo”, y sustentó sus dichos con cifras basadas en un documento interno de la secretaría general de la Cámara de Diputados. Calvillo precisó que en el recinto de San Lázaro se llegan a gastar más de 2 millones de pesos en agua embotellada al año, y según los cálculos de la organización se desechan al día mil 972 botellas de PET; a la semana 13 mil 804, al mes 59 mil 160 y al año 719 mil 780 y sólo 20 por ciento realmente se recicla.

Ante esto se propuso que si se instalara una planta potabilizadora en dicha Cámara, con costo de unos 700 mil pesos, cerca de la tercera parte de los recursos públicos gastados en agua embotellada con capacidad para 50 mil litros, se dejarían de consumir más de 700 mil botellas de agua de entre 300 y 330 mililitros y de producir igual cantidad de desechos PET.

Aseguró que con el resto de los recursos no utilizados en la compra de botellas de agua se podrían instalar sistemas de filtrado en 244 escuelas con 300 alumnos cada una. Esa medida beneficiaría a unos 73 mil 200 alumnos que actualmente no tienen acceso a agua potable, lo que significaría que dejarían de gastar 64 millones de pesos en el líquido o en refresco, y no se desecharían más de 16 millones de botellas de PET al año.

Calvillo anunció que ante este desperdicio de recursos públicos, la organización comenzó una campaña en Internet para exhortar a los partidos políticos, a través de sus coordinadores parlamentarios, a emprender una campaña para que cese el consumo de agua embotellada en las cámaras, lo cual debería extenderse a toda la administración pública y a congresos locales, incluida la ALDF.

Indicó que en países con mayores posibilidades económicas como Reino Unido y Estados Unidos ya se han tomado estas medidas. En el caso estadunidense citó las acciones tomadas por la alcaldía de Nueva York y los estados de Illinois y Vermount.

La campaña propuesta por Calvillo consiste en enviar correos electrónicos a los coordinadores de los partidos y realizar un cabildeo en ambas cámaras. Señaló que ya existen algunos contactos, pero reconoció que la tarea no será fácil debido a la fuerza de las embotelladoras y a los intereses que han generado en diversos ámbitos.