El Senado aprobó ayer en comisiones y por unanimidad una reforma constitucional que sienta las bases para tipificar la trata de personas como un delito tan grave como el secuestro y el homicidio doloso.

Los senadores avalaron la minuta que les enviaron los diputados, por la que se reforman los artículos 19, 20 y 73 constitucionales, con el fin de combatir el delito de trata de personas, que se ha incrementado en México en años recientes y afecta sobre todo a la población vulnerable.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, informó que la modificación permitirá dar a la trata de personas el mismo tratamiento del homicidio calificado o del secuestro, de tal suerte que se dicte en automático el auto de formal prisión, sin posibilidad de salir bajo fianza.

Asimismo, protege la identidad de las víctimas y facultará al Congreso para expedir en un plazo máximo de 180 días una ley general de trata de personas que dará atribuciones a los tres niveles de gobierno para combatir ese delito que atenta contra la dignidad de las personas, recalcó el príista.

Por separado, Santiago Creel, senador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que ese delito afecta a 800 mil personas en el mundo, de las que 80 por ciento son mujeres y 50 por ciento, unas 400 mil, menores de edad.

La trata de personas es quizá la forma más grave de secuestro, porque es la interrupción de la libertad de una persona para explotarla sexual o laboralmente, recalcó Creel.

En el dictamen se señala que la trata de personas es “una actividad criminal altamente lucrativa, es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que este delito genera ganancias de 9 mil 500 millones de dólares aproximadamente al año.

El senador Joaquín Coldwell, detalló que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó asimismo la minuta que eleva a rango de la ley suprema el interés superior del niño y la obligación que tienen los padres, los tutores y los custodios de proteger y hacer valer los derechos de los menores.

La tercera minuta sobre el derecho a la alimentación, agregó, no fue aprobada por unanimidad, como las dos anteriores.

Hubo seis votos a favor, de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, y cinco votos en contra, de senadores del PAN.

Los panistas no están de acuerdo con que se obligue al Estado a garantizar el derecho a la alimentación de las personas, y señalaron que van a proponer otra redacción, que sólo señalará que toda persona tendrá derecho a la alimentación.