on la vieja cantaleta de que no hay recursos públicos para invertir en el sector energético (aún) nacional, el inquilino de Los Pinos ataca de nuevo en pos de la soñada privatización de un área sacralizada (Calderón dixit) por los mexicanos (léase el petróleo), y vergonzante, como siempre, envía a sus muchachos en el Senado a promover reformas constitucionales (las mismas por él promovidas en 2008) para alcanzar su objetivo y garantizar seguridad jurídica al capital trasnacional. Pero, ¿en serio no hay recursos? ¿Realmente Pemex no genera ingresos por la comercialización de crudo, o en realidad el gobierno federal exprime tanto a la paraestatal que la dejan financieramente desamparada?

Petróleos Mexicanos es una de las empresas, a nivel mundial, que más rendimiento genera. Con costos muy bajos por producción de barril (aunque con una burocracia, incluida la sindical, igual de grande que de voraz), la paraestatal es el indiscutible pilar de las finanzas públicas, y año tras año aporta una cantidad mucho mayor a la que debería entregar el gran capital privilegiado con los regímenes tributarios especiales (esos sí intocables por parte de la clase política), de tal suerte que recursos hay, y abundantes. El problema es que a Pemex la dejan seca por razones fiscales (todo el rendimiento generado, más un plus). Por si fuera poco, la obligan a endeudarse para cubrir el plus, de tal suerte que no le queda para invertir en exploración, refinación y demás etcéteras asociados a la industria.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid la estrategia privatizadora incluyó saqueo, endeudamiento y desinversión en Pemex, pero ha sido tal la fortaleza de la paraestatal, que cinco lustros después todavía no la pueden matar, aunque mucho han avanzado. Sólo le dejaron los Pidiregas, la solución definitiva del zedillato, llevada al extremo por los dos gobiernos panistas que la han dejado cianótica. En esos 25 años cada uno de los cinco inquilinos de Los Pinos ha intentado clavarle la puntilla, siempre con el eslogan de no hay recursos públicos, ergo, se requieren los privados.

En el balance, Miguel de la Madrid reclasificó la petroquímica; Carlos Salinas partió en cuatro a Pemex para facilitar su desincorporación y derrumbó barreras en el sector eléctrico; Ernesto Zedillo inventó los Pidiregas, abrió el gas natural e inició los permisos de cogeneración, Vicente Fox reinventó los contratos de servicios múltiples y metió el acelerador en el otorgamiento de dichos permisos, y Felipe Calderón pugna por dar seguridad jurídica a los inversionistas privados, habla de transición energética y echa a caminar los contratos incentivados. Todos enfocaron sus baterías a favor de la privatización del sector energético, y si bien no lo lograran a plenitud mucho han avanzado.

En tiempos foxistas, uno de los cuatro supuestos secretarios de Energía del sexenio, Fernando Canales Clariond (los otros fueron Ernesto Martens, el propio Felipe Calderón y Fernando Elizondo, uno de los abajo firmantes de la nueva iniciativa de los senadores panistas), propuso una suerte de privatización hormiga: ante la falta de recursos públicos, que el sector privado explote los pozos petroleros abandonados por Pemex; se requiere un marco legal para que particulares exploten esos pozos que Pemex ha dejado por incosteables, pero que ciertamente serían costeables para la nación en su conjunto. No le dio tiempo, pero pocos años después, el actual inquilino de Los Pinos puso en funcionamiento los anticonstitucionales contratos incentivados, los cuales, de entrada, van sobre esos pozos abandonados.

En los últimos 15 años Pemex ha otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por alrededor de 100 mil millones de dólares. El esquema utilizado es el denominado Pidiregas, cuyos gastos de amortización e intereses se realizan a mediano y largo plazos. Es así como en los próximos 25 años la paraestatal debería pagar más de 150 mil millones de dólares por los créditos recibidos. Ello sin considerar la cuenca de Burgos, la creciente cuan onerosa compra de tecnología (mataron de hambre al Instituto Mexicano del Petróleo, el brazo tecnológico de Pemex), la apertura de la Compañía Mexicana de Exploración (del Estado) a una trasnacional del ramo, y muchas gracias más, siempre bajo el pretexto de que no hay recursos públicos.

Pues bien, cada año que pasa es mayor la ordeña que hace el gobierno federal en Pemex, lo que por obvias razones debilita la salud financiera de la paraestatal. Como no quiere tocar los intereses del gran capital ni obligarlo a pagar impuestos, Petróleos Mexicanos es utilizado para cubrir esos agujeros fiscales. La Secretaría de Hacienda llega y arrasa: se lleva absolutamente todo el rendimiento de la paraestatal, y lo que no tiene también. Al cierre de 2010, por ejemplo, los rendimientos petroleros antes de impuestos –la ganancia, pues– superó los 600 mil millones de pesos. Todo se lo embolsó Hacienda, más 50 mil millones (que la paraestatal obtuvo por medio de endeudamiento) de, por llamarle así, plus. Y lo mismo sucedió en 2009, y 2008, y etcétera, etcétera. ¿Qué empresa aguanta un ritmo así?

Por ejemplo, de 1998 a 2010 el gobierno federal y su cobradora, la Secretaría de Hacienda, ordeñaron absolutamente hasta el último centavo obtenido por rendimientos petroleros, más el plus famoso: casi 6 billones de pesos en el periodo. En ese lapso los rendimientos petroleros oficialmente reconocidos como tales (antes de impuestos, derechos y aprovechamientos) se multiplicaron casi por cinco, al pasar de 140 mil millones en 1998 (el peor de los años en lo que se refiere a precio de la mezcla mexicana de exportación) a poco más de 650 mil millones en 2010, y todo se lo llevó Hacienda, dejando a la paraestatal los Pidiregas (asumidos como deuda pública en 2008). Ni un clavo dejó.

La mayor parte de esos rendimientos (alrededor de 95 por ciento) se obtuvieron en los dos gobiernos panistas, con precios internacionales de excepción. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En qué se gastó? ¿Habrá sido en inversión, generación de empleo, bienestar social, crecimiento económico? Lástima, Margarito: de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación el grueso de ese monto histórico (en un país que, según la versión oficial, no tiene recursos para sacar adelante la industria petrolera nacional) se fue a gasto corriente, y dentro de éste especialmente a nómina.

Las rebanadas del pastel

Entonces, mucho más dura que la política fiscal contra Pemex es la cara de los privatizadores al decir que no hay recursos.

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