El Senado aprobó ayer la iniciativa que envió el presidente Felipe Calderón para crear la Ley de Firma Electrónica Avanzada, con lo que se reducirán los recursos que el gobierno destina a diversos trámites, elevará las tasas de eficacia gubernamental, inhibirá los actos de corrupción, reducirá la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades e incrementará la transparencia en la gestión pública.

Las comisiones dictaminadoras destacaron que el uso de la tecnología en la gestión pública es una opción que debe impulsarse para generar condiciones que permitan hacer más efectiva la provisión de trámites, servicios y procedimientos públicos.

Dicha ley regulará el uso de la firma electrónica avanzada en la expedición de certificados digitales a personas físicas, los servicios relacionados con la misma y su homologación con las rúbricas electrónicas reguladas por otros ordenamientos legales.

También se aprobó la nueva Ley Federal de Archivos, para contar con un marco normativo moderno que permita conservar y difundir los documentos archivados que tengan interés social y público. Se da plena autonomía de gestión y personalidad jurídica al Archivo General de la Nación, que ahora será un organismo descentralizado, rector de la actividad archivista nacional y entidad central de consulta.

Reunión con Vega Casillas

Los senadores del PAN se reunieron en privado con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien insistió en la necesidad de que se aprueben dos iniciativas que envió el Ejecutivo al Senado, sobre la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y las reformas a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Con ello se busca, explicó el funcionario a los senadores, una legislación que reprima de forma efectiva los actos de corrupción mediante dos pilares: crear incentivos eficaces para fomentar la denuncia y tipificar actos de corrupción en contrataciones públicas, con sanciones que sean ejemplares.

Detalló que la idea que inspira a las dos iniciativas es que la corrupción es un fenómeno de dos vías; es decir, su origen no siempre está en los servidores públicos, el sector privado también tiene parte de responsabilidad.

La iniciativa de la ley anticorrupción busca sancionar dichas prácticas cometidas por particulares y por servidores públicos en las contrataciones públicas, teniendo consecuencias económicas y comerciales más justas y más equitativas.