El gobierno federal entregó ayer al grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas información acerca de tres casos en los que se presume o se ha confirmado responsabilidad del Estado mexicano en este tipo de delitos, incluidos los de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Sin embargo, los cientos de secuestros y levantones registrados en años recientes, aunque son calificados por los funcionarios gubernamentales como incidentes graves, delicados, en esta ocasión no son materia de estudio de los relatores de la ONU que se encuentran en misión en México.

Funcionarios consultados indicaron que la delegación, perteneciente a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, mostró interés por la problemática de seguridad, aunque centraron la recapitulación en tres casos (entre éstos los dos desaparecidos del EPR, cuyas pesquisas permanecen en calidad de averiguación previa).

El objetivo de los enviados internacionales es presentar un informe preliminar el próximo 31 de marzo, y el definitivo en el segundo semestre de este año.

“Si bien es cierto que preguntan por el tema de los secuestros y levantones, queda claro que el objetivo de investigación es distinto. (Los representantes de la ONU) no vienen, a golpear, sino a colaborar”, aseguraron.

Los seis relatores que integran el grupo de trabajo viajarán a diversos estados (incluidas las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, el viernes próximo). Ayer se entrevistaron con funcionarios del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, luego con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y más tarde con los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La agenda es amplia. Esta semana irán con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos civiles, además de legisladores.

El encuentro se desarrolla cuando en México se han multiplicado los casos de ese tipo, así como daños a civiles y agresiones a defensores de derechos humanos. En tanto, el gobierno advierte que los operativos contra la delincuencia organizada continuarán.

Previo a la reunión con los relatores, en Gobernación el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, aseveró que el Estado mexicano está de pie.

–Sin embargo, los civiles siguen cayendo en lo que se denomina fuego cruzado o daños colaterales...

–Valoramos mucho la participación de la sociedad civil; cada vez que nos señalan, cada vez que nos hacen ver situaciones por las que estamos pasando, nos obligan a actuar en consecuencia.

–¿Vale la pena continuar con los operativos (contra la delincuencia organizada) en condiciones en que siguen muriendo civiles y defensores de derechos humanos?

–La lucha contra la delincuencia organizada continuará y ya lo ha dicho el presidente Felipe Calderón y yo mismo: los operativos no son pretexto para que (los militares o policías) violen derechos.

El Estado mexicano dispuso para 2011 de 30 millones de pesos para la reparación del daño (una parte es para el pago de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), aunque tiene tres puntos que debe resolver en materia de casos vinculados con la desaparición forzada, en donde se presume o se ha comprobado responsabilidad del Estado: una recomendación de la CNDH (26/2001) que se dictó hace 10 años, relacionada con crímenes del pasado (cometidos en los años 70); la recomendación 7 de 2009, precisamente sobre dos integrantes del EPR, así como la sentencia de la CIDH sobre el asesinato de Rosendo Radilla.