Madrid, 22 de marzo. Sortu aseveró hoy que puede ser una herramienta de paz en la actual coyuntura política en el País Vasco, con un alto el fuego vigente por parte de ETA y numerosos colectivos que impulsan un proceso de pacificación definitivo para el histórico conflicto, al presentar sus argumentos en la segunda y última audiencia del Tribunal Supremo de España, que analiza la legalización de la naciente formación de la izquierda abertzale (nacionalista).

El abogado de Sortu, Íñigo Iruin, respondió a los argumentos presentados por la fiscalía general y la Abogacía del Estado que demandaron para proscribir a la nueva marca electoral por su supuesta vinculación con ETA.

Iruin solicitó a los 16 jueces del máximo tribunal que decidirán el futuro de Sortu que no dicten una ilegalización preventiva, al insistir en que el rechazo a la violencia en general y a la violencia de ETA en particular no es retórico, sino que se expresan de forma nítida en los propios estatutos de la formación política, en los que incluso se establece la expulsión de los militantes que defiendan las tesis de la violencia.

El abogado vasco añadió que la legalización no es ningún riesgo para el Estado y posibilita la pluralidad política en la conflictiva región, donde desde la ilegalización de Batasuna, acusada por Madrid en 2003 de ser el brazo político de ETA, alrededor de 10 por ciento de la población –algo más de 200 mil personas– se quedó sin representación política en las instituciones.

El abogado del Estado, Antonio Narváez, expresó sus dudas de que la izquierda abertzale haya girado como un trasatlántico, todos a la vez y sin dejarse pelos en la gatera, por lo que aseguro que los estatutos de la nueva formación política no son creíbles y que, por tanto, estamos ante un fraude de ley.

A partir de ahora los magistrados del Tribunal Supremo debatirán y en los próximos días se conocerá la sentencia definitiva, que puede ser recurrida ante esa corte como última instancia.