Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron el informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México en 2011 a un funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual detallan que en el contexto de la guerra contra el crimen organizado “se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, y en los llamados levantones” se ha reportado la desaparición de 3 mil personas.

Durante una reunión con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron que en el gobierno del presidente Felipe Calderón “no ha habido señal alguna de voluntad política para abordar el tema de las desapariciones forzadas que se produjeron en la denominada guerra sucia.

Y a pesar de la presión que aún mantienen los comités de familiares de desaparecidos, el gobierno ha llegado a alegar la presunta pérdida de interés de los familiares como un motivo para no avanzar en la materia, pese a que se trata de delitos que se persiguen de oficio y que, por ser de lesa humanidad, son imprescriptibles, apuntaron.

El grupo de trabajo de la ONU se encuentra en visita oficial en el país, la cual se inició el pasado viernes y concluirá el 31 de este mes.

Al recibir ayer a las organizaciones civiles, éstas expusieron que de 2006 a la fecha, en el contexto de la inseguridad, “la violencia se ha incrementado de manera sensible, y una de sus causas más notorias es la militarización de la seguridad pública.

Hay más de 60 mil elementos de las fuerzas armadas en labores policiacas; en 17 de las 32 entidades del país, esto es, en 53.12 por ciento del total, los encargados de las instituciones policiacas locales son militares.

Agregaron que integrantes del Ejército están al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados.

Detallaron que “entre 2006 y 2009 las quejas contra militares por violaciones de derechos humanos se incrementaron mil por ciento; 33 por ciento de las quejas recibidas durante 2010 fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional, de cuyo total, alrededor de 13 por ciento se referían a la desaparición forzada de personas, y el gobierno federal contabilizó de diciembre de 2006 a finales de 2010 un total de 34 mil 612 ejecuciones”.

Treinta activistas desaparecidos

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Nacidos en la Tempestad, entre decenas de ONG, relataron a la misión de la ONU que en este gobierno “las desapariciones han proliferado, y muchas se registran por la prensa como levantones, que por lo regular no son sujetas a investigación policial”.

Refirieron: hemos registrado 30 casos de desaparición forzada de defensores y defensoras de 2005 a febrero de este año, además de 165 actos de agresión.

En 1977 se constituyó en México la primera agrupación nacional dedicada a la lucha contra la desaparición forzada –el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados por Motivos Políticos–, que documentó 532 casos de desaparecidos entre 1969 y 1988, agregaron.

Destacaron en el informe que “no fue sino con el triunfo del Partido Accién Nacional en las elecciones presidenciales, en 2000, que se abrió la posibilidad de investigar los crímenes de Estado del pasado reciente, y en 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el primer intento serio por abordar el problema en la recomendación 26/2001 y el Informe sobre desaparecidos de la guerra sucia en la década de los 70 y principios de los 80”.

También se refirieron a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y su desaparición sin haber resuelto un solo caso de los que fueron denunciados en su oficina; al momento de su extinción contaba con 556 averiguaciones previas.

Las ONG relataron al grupo de trabajo que en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, de los 18 puntos resolutivos, el Estado sólo ha cumplido uno.