El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene en trámite al menos 42 quejas administrativas presentadas por fiscales y/o abogados litigantes contra jueces de distrito y magistrados de circuito por asuntos que van de errores en la interpretación de las leyes secundarias y presuntos actos de negligencia y corrupción hasta acusaciones de acoso sexual, revelaron a La Jornada funcionarios del órgano colegiado adscritos a la comisión de disciplina.

Los errores más comunes en que incurrieron los juzgadores federales entre 2010 y los primeros dos meses de este año –principalmente aquellos con menos de dos años de haber sido designados en el cargo– fueron la aplicación incorrecta de las normas.

La equivocaciones se debieron a que los impartidores de justicia no dominaban alguna legislación específica, o a que, por su falta de experiencia, desconocían los procedimientos relativos a las materias a las que fueron designados.

El abogado Rogelio Garza, con unos 20 años de experiencia en el litigio, asegura que el fondo del problema es que el CJF envía a los juzgados a novatos e inexpertos.

Por ejemplo, durante su etapa como secretarios de acuerdos estuvieron adscritos a algún tribunal en materia, digamos, administrativa, y cuando se les nombra jueces son designados para encabezar algún juzgado en materia laboral o penal, cuyos preceptos normativos requieren de una preparación especializada, aseveró.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, exigió la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, Juan Silva Meza, para evitar la selección de jueces sin el debido conocimiento de la legislación, y que se apliquen criterios más rigurosos para la designación de los mismos.

“Dentro de nuestra organización hemos discutido igualmente la forma en que el Consejo de la Judicatura selecciona a jueces de manera exprés, y hemos decidido exigir que las autoridades sean más rigurosas para nombrar a titulares de los juzgados de distrito”, comentó el abogado al recordar causas como la de Presunto culpable y la de los jueces de Chihuahua del caso Rubí Frayre.

El asunto más reciente de jueces bajo investigación es el de la juez federal de Veracruz María Elena Suárez Préstamo, quien el mes pasado fue denunciada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos contra la administración de justicia. Además se presentó una queja administrativa en su contra ante el CJF por mal desempeño en sus labores, luego de que en un juicio de amparo ordenó el encarcelamiento indebido de una mujer acusada de un delito no grave.

La denuncia radicada implica a la juez Suárez Préstamo, a quien se acusa de que dentro del juicio de amparo 129/2011 acordó la encarcelación de una peticionaria de amparo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de confianza al estar –según la juzgadora– considerado delito grave, no obstante que en Veracruz ese ilícito no es considerado como tal por el Código de Procedimientos Penales.