ace tiempo se venía advirtiendo de que uno de los riesgos de esta guerra contra el crimen organizado fuera el paramilitarismo y las aplicaciones de la guerra sucia contra la delincuencia y el narcotráfico.
Esa tentación revelaría la debilidad del Estado mexicano en el uso de la fuerza legal y alimentaría la visión desesperada de una salida autoritaria que generaría más violencia, ingobernabilidad e inseguridad. Se advertía que el paramilitarismo era un peligro, al ser practicado no como consecuencia del enfrentamiento, sino como concepción de gobierno, aplicado de arriba abajo, formando cuerpos que luego sería un problema futuro desarmarlos y someterlos a la ley. ¿Cuántos de los 35 mil ejecutados han sido producto del paramilitarismo?
Hace una semana se publicó una entrevista de Sanjuana Martínez (La Jornada, 13/03/11) al general en retiro Carlos Bibiano Villa, quien reveló coloquialmente su política hacia los delincuentes y su determinación de ejecutarlos en un moderno método de ¡mátalos en caliente!
de Porfirio Díaz. La entrevista, recogida en el espacio radiofónico de Carmen Aristegui, fue sacudida por el comentario e insultos de radioescuchas en favor del general Bibiano Villa, estableciendo de facto el estorbo del estado de derecho contra la delincuencia y revelando la percepción, el involucramiento de parte de la sociedad justificando el uso ilegal de la fuerza del Estado contra la delincuencia y que afectaría la demanda del respeto a las garantías constitucionales. Fue revelado lo peligroso de la tendencia de una sociedad que clama por el paramilitarismo y un Estado policial para resolver sus problemas de inseguridad.
Desde la misma visión del general Bibiano Villa, nombrado ahora jefe de Seguridad Pública en Quintana Roo para continuar con su política de limpieza delincuencial, hay una consecuencia que explicaría lo cruento y el aumento de la espiral de violencia, que conduce la guerra para hacer más guerra.
El error no es sólo jurídico, institucional y policial, sino militar, pues en cualquier enfrentamiento el comportamiento de las fuerzas en combate (el mismo gobierno lo calificó de guerra
) depende del trato a los prisioneros. Si al enemigo, una vez rendido, se le asesina, en adelante habrá la misma respuesta e incluso más violenta. Además, cada elemento luchará y resistirá hasta la última bala, pues sabe que al rendirse es hombre muerto. Cuando el paramilitarismo se ha instalado en esta guerra
y las ejecuciones extralegales se han legitimado con el silencio y la inacción gubernamental, sólo podrá esperarse más evolución de la violencia y nuevos estadios de terror, pues en la medida en que la fuerza legal actúa ojo por ojo se equipara y se parece cada vez más a la fuerza que combate, dejando en la sociedad un clima de desasosiego y venganza. Pesa en favor, indudablemente, la opinión creciente de dolientes, viudas, huérfanos, familiares y amigos del entorno inmediato de la violencia, lo cual impacta en perspectiva al resto de la sociedad. Por eso la estrategia del general Bibiano Villa es errónea. Resuelve los apetitos militares y de venganzas, pero no el problema de fondo de la violencia. La estrategia del general hecha gobierno no conduce a una paz duradera y verdadera, sino a acrecentar la espiral de violencia con menos rendiciones y más muertos, genera más miedo y equipara en las formas de aplicación de la violencia tanto a sicarios como a los que dicen que los combaten, confundiendo la causa ciudadana por la seguridad.
Un tema más: la negación de un amparo contra la ley antitabaco en el Distrito Federal, hace una semana, por los ministros de la Suprema Corte.
A la ponencia del ministro José Ramón Cossío vino el razonamiento del ministro Salvador Aguirre Anguiano, quien declaró que fumar es nocivo; lo sé porque lo hice 44 años
(La Jornada, 15/03/11, nota de Jesús Aranda y Laura Gómez).
Es obvio que su dicho no es nada nuevo para ningún fumador. No se conoce que exista uno solo en el mundo que no sepa que fumar daña, lo que debería ser causa para inhabilitar al ministro para votar en este caso, que excluye los derechos de los fumadores, pues preguntaríamos al ministro Aguirre: ¿por qué, sabiendo en esos 44 años que el cigarro lo dañaba, no dejaba de fumar? ¿Hubiera dejado de fumar por decreto? ¿Por qué en esos 44 años no aceptó que le tutelaran su salud? ¿A cuántos familiares, esposa, hijos o amigos dañó en esos 44 años el ministro como fumador y por qué no le importó? Luego de fumar 44 años, ¿tiene enfisema? ¿Por qué votar contra los fumadores actuales, lo que no pudo hacer en 44 años por decisión propia y con información suficiente?
Lo cierto es que en temas como los derechos de fumadores y no fumadores, los extremos se unen, tutelando las garantías que deben ser decisión de los ciudadanos y que fuman por razones más complejas, que estas leyes excluyentes y arbitrarias no resuelven.
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