Washington, 20 de marzo. Cientos de niños y niñas indocumentados detenidos por autoridades migratorias estadunidenses cada año siguen padeciendo abusos, pese a las mejoras logradas en su trato, reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comisión hizo notar cómo a 15 años de un caso histórico que obligó por primera vez al gobierno estadunidense a adoptar lineamientos legales al respecto, persisten vacíos legales que tienen profundo impacto sobre menores indocumentados detenidos.

En su Informe sobre inmigración en Estados Unidos; detenciones y debido proceso, la comisión apuntó cómo estos vacíos afectan aún a aquellos menores nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. La CIDH deploró los casos en que inmigrantes indocumentados han perdido la custodia de sus hijos e hijas ciudadanos estadunidenses mientras estaban bajo detención.

De acuerdo con la Ley Federal de Adopción y de Familias Seguras, cuando un niño o niña estadunidense ha permanecido bajo la custodia de protección estatal de 15 a 22 años, sus padres pierden la custodia.

Plan fallido

La aplicación del programa Comunidades Seguras en Estados Unidos contradice su intención y enfoque, ya que ha afectado a miles de indocumentados sin antecedentes penales y sus efectos deberían ser evaluados antes de que opere en todo el país.

Comunidades Seguras es un programa que comenzó en 2008 y en 2013 operará nacionalmente, y toda estrategia que crece tan rápido debe ser evaluada. Sólo después de esa revisión podría expandirse, afirmó Muzaffar Chishti, investigador de la Universidad de Nueva York.

De acuerdo con el también académico del Instituto de Políticas Migratorias, los efectos de Comunidades Seguras en Estados Unidos han sido escasamente analizados, pese a que hay evidencia que apuntan a que no ha operado como fue concebido y promovido entre la opinión pública.

El programa fue diseñado para deportar inmigrantes con antecedentes penales, al prever que autoridades locales intercambien información con la Oficina de Inmigración y Aduanas.

Sin embargo, según cifras de la propia Oficina de Inmigración y Aduanas, 28 por ciento de los poco más de 58 mil individuos que han sido deportados por medio del programa no tenían ningún antecedente penal.