El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) exigió al PRI informar sobre los cálculos y la base de datos que utilizó para la propuesta fiscal que presentó en la Cámara de Senadores y con la que asegura que se generarán ingresos adicionales equivalentes a 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

De no hacerlo, será otro proyecto que se quede en la mesa de discusión como tantos que han hecho en los últimos años, sentenció en su análisis económico semanal.

Según el organismo, carecer de dicha información parecía insignificante, pero se ha convertido en la principal fuente de incertidumbre sobre la viabilidad de la propuesta hacendaria priísta. Así que si el PRI valida su propuesta haciendo públicos los cálculos que hicieron para captar más ingresos, servirá para no desestimar la discusión y tener elementos para proponer ajustes que redunden en una reforma hacendaria que beneficie al país.

Según el CEESP, como falta información específica sobre la propuesta del tricolor, se infiere que parece apoyarse en la buena fe de quienes la elaboraron, pues los cálculos iniciales indican que las ganancias que se anticipan se apoyan principalmente en la idea de que un gran número de informales se integrarán a la formalidad atraídos por el beneficio que implica la devolución de tres puntos porcentuales del impuesto al valor agregado (IVA).

Sin embargo, cuestionó dicho antídoto contra la informalidad, señalando que no representa un incentivo idóneo, y puso en duda que a cambio de la devolución de tres puntos del IVA alguien esté dispuesto a pagar otros impuestos como el impuesto sobre la renta (ISR) o bien las cuotas del IMSS, del Infonavit y del SAR.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público alertó que el costo fiscal de la iniciativa del PRI ascendería a 220 mil millones de pesos, cifra equivalente al 1.6 por ciento del PIB.

De tal cantidad, 31.5 mil millones de pesos corresponderían únicamente a las modificaciones que plantea el Revolucionario Institucional para el IVA, mientras las arcas públicas perderían 60 mil millones de pesos por la eliminación del impuesto empresarial de tasa única (IETU) y otro monto similar si logra reducirse la tasa del ISR del 30 a 25 por ciento.

El resto de los recursos que según Hacienda dejarían de captarse provendrían de modificar el régimen fiscal de Pemex, sustituir la deducción de salarios por salarios gravados y otros rubros.

En el caso del IVA, los priístas proponen mantenerlo a una tasa de 16 por ciento, pero con la posibilidad de devolver 3 por ciento a los contribuyentes bajo ciertas condiciones; establecer una canasta básica de alimentos exenta de este gravamen, pero con un número de productos menor a los que se consideran actualmente y homologar la tasa de tal impuesto en las zonas fronterizas.

Indicó que para compensar la pérdida que implicará esa devolución parcial del IVA tampoco será suficiente la reducción de los productos básicos de la canasta básica que actualmente están en tasa cero, ni la homologación de dicho impuesto en las zonas fronterizas.

En este entorno, es posible que si la formalidad no crece como se espera, la baja de cinco puntos en la tasa de ISR empresarial representaría más un costo que un beneficio para las finanzas del país, sentenció.

Incrementar los ingresos públicos, la base de contribuyentes, bajar las tasas impositivas y reducir al mínimo los beneficios fiscales es compartido por todos los interesados en fortalecer el crecimiento económico de México, planteó, al resaltar que es importante lograr el consenso del mejor mecanismo para lograrlo.