Los estereotipos de género son determinantes para el trato diferenciado que el sistema penitenciario da a hombres y mujeres. Análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) indican que dichos prejuicios hacen que las conductas de extrema violencia sean vistas como más aberrantes en la mujer, lo que a su vez provoca que el repudio social sea mayor y las sanciones que recibe más severas.

Además, el sistema penitenciario mexicano se caracteriza por adoptar una política que favorece el contacto de los internos con su familia y pareja. Así, mientras a los varones se les da un amplio margen de libertad para definir sus visitas conyugales, a ellas se les impone una serie de requisitos que en los hechos limitan su derecho a esa visita.

Dicho sistema penitenciario refuerza el estereotipo de género y, en consecuencia, mantiene las diferencias sociales, que resultan en desventajas para las mujeres, cuyas necesidades son relegadas en las prisiones, como ocurre en otros espacios sociales.

En entrevista con La Jornada, Elena Azaola, autora de varios estudios del CIESAS sobre el tema, lamentó que a pesar de las múltiples investigaciones que se han realizado en México y otros países sobre la condición de las mujeres en situación de encierro, no se han fijado políticas públicas orientadas a que la justicia las trate de manera adecuada.

El sistema penitenciario se encuentra estructurado tomando como modelo al varón. Las mujeres son, en todo caso, una especie de apéndice que se agrega a dicho modelo, concluye el texto, realizado a partir de varias investigaciones en las que participó Azaola desde 1996.

Una muestra de lo anterior es el diseño arquitectónico de las prisiones, la distribución de sus espacios, o bien sus normas, reglamentos, discursos y manuales, los cuales no toman en cuenta las necesidades específicas de las reclusas. El texto resalta el alto índice de presas por delitos contra la salud, concretamente tráfico de drogas, pues mientras en 2005 sólo 15 por ciento de los varones se encontraba encarcelado por ese cargo, 48 por ciento de las reclusas había cometido ese delito.

Al respecto, Azaola comenta que actualmente hay alrededor de 11 mil mujeres en prisión. Esto muestra que a pesar de que muchos estudios han denunciado la situación de las mujeres que son utilizadas para trasladar droga, el gobierno no ha atendido la situación y ha permitido que siga habiendo mujeres en las mismas circunstancias, que por su pobreza se prestan a ingresar enervantes a los penales.

Resaltó la aplicación de los módulos de respeto en España, los cuales están dirigidos a reinsertar de manera efectiva a las mujeres que han delinquido. Se ha recomendado la aplicación de dichas medidas en México, sin que a la fecha se haya hecho algo por aplicarlas. Saben que no son delincuentes y que produce mayores daños el hecho de que las encarcelen durante años, porque abandonan a sus hijos y se les desarraiga de su ámbito familiar y comunitario, explicó.

El modelo contempla otorgar medidas progresivas de libertad, penas mucho menos severas y un adecuado programa de capacitación que les ayude a obtener un empleo que realmente les sirva, no a aprender a hacer bordaditos, apuntó.