l embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, anunció ayer su decisión de renunciar al cargo que había ocupado desde agosto de 2009, a efecto de evitar factores que puedan distraer nuestros intereses bilaterales
, según informó el Departamento de Estado estadunidense ayer mismo.
Resulta prácticamente imposible desvincular la dimisión del embajador Pascual de la revelación de cables diplomáticos de Wikileaks de los que ha dado cuenta en forma puntual La Jornada: en esos documentos se han podido hallar evidencias de una relación bilateral asimétrica y caracterizada por la subordinación de las autoridades mexicanas hacia las estadunidenses; de una preponderancia de la visión de Washington en materia de seguridad, y de un poder de facto ejercido por la legación diplomática del vecino país en la adopción de decisiones que atañen a la seguridad pública en territorio nacional.
Tales elementos, en conjunto, han dejado al descubierto, además de una injerencia del gobierno de la nación vecina sobre el ejercicio de facultades soberanas, un grado inaceptable de consentimiento de las autoridades mexicanas de distintos niveles para tal fin. En tal contexto, el factor central del desencuentro reciente entre autoridades mexicanas y estadunidenses no es tanto la participación de las segundas en tareas que corresponden a las primeras, sino el ejercicio de la transparencia sobre la interacción de ambos gobiernos.
El rechazo de la opinión pública ante el injerencismo del gobierno estadunidense en México constituye un componente central para explicar la renuncia de Pascual: en medio de un deterioro de confianza de las autoridades nacionales hacia el representante diplomático del país vecino, y ante las manifestaciones sobre la pérdida de credibilidad de las autoridades mexicanas hacia las estadunidenses, la renuncia del hasta ayer embajador puede entenderse, más que como resultado de los reclamos de Calderón, como una victoria de la transparencia, y adquiere, en ese sentido, el calificativo de histórica: además del espíritu antinacional y entreguista de los gobernantes en turno, el episodio pone en relieve los alcances que puede tener una sociedad informada, atenta a las principales directrices en la agenda bilateral y pendiente de la aplicación, abierta o velada, de los designios injerencistas de la autoridad estadunidense.
La transparencia, en suma, se revela en este episodio como un factor de empoderamiento ciudadano: la sociedad tiene, hoy por hoy, elementos de juicio para conocer la sumisión de las autoridades mexicanas frente a las estadunidenses y, también, para contenerlo cuando es necesario.
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