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19 de marzo de 2011 Número 42 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
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Nicaragua
Hambre cero, política pública que mitiga el hambre y revalora a las mujeres
Lourdes Edith Rudiño
 FOTO: Pablo Sigüenza Ramírez |
El programa Hambre Cero, iniciado en 2007 en Nicaragua, ha tenido efectos positivos en varios ámbites– tales como la revaloración del medio rural, el reconocimiento de la mujer como productora y dueña de la tierra y un proceso de organización de las campesinas-, además de que ha logrado mitigar el hambre rural, su principal objetivo, pero no puede hablarse de resultados espectaculares respecto de abatimiento de pobreza.
Este programa, señala Bernardo González, un mexicano que colaboró hasta hace un año con el gobierno de Daniel Ortega, cuenta con recursos verdaderamente escasos, pues ha aplicado apenas unos 120 millones de dólares, pero, al haber regularizado la tierra a nombre de las mujeres que trabajan el campo –pues muchos hombres han emigrado en busca de opciones de ingreso- y al dotarlas de animales para garantizar el alimento familiar, ha logrado mejorar las condiciones de las familias pobres.
Nicaragua es el país con el ingreso per cápita más bajo de todo Centroamérica, de unos mil 300 dólares anuales, contra siete mil de Costa Rica. Y la población rural, que representa alrededor de 40 por ciento del total nacional, venía enfrentando una crisis económica tremenda, dado que en los años 90s la producción de algodón, que estaba en la zona occidental del país, prácticamente desapareció debido a competencia de producto ruso y debido a una situación negativa de costo-beneficio, por aplicaciones intensivas de plaguicidas demasiado costosas. Además el café, uno de los pilares de la actividad campesina de Nicaragua, y de todo Centroamérica, sufrió un desplome de precios internacionales sostenido.
El programa Hambre Cero, diseñado por un colaborador importante de Daniel Ortega, Orlando Núñez –como producto de su investigación y presencia en el medio rural– se enfoca a las mujeres con tierra, para así revalorizar su trabajo, y las dota de recursos tales como vacas paridas, cerdas, gallinas para que garanticen su alimentación y puedan concurrir al mercado con sus excedentes.
 FOTO: Lourdes E. Rudiño |
Asimismo, el programa propicia que las mujeres se agrupen localmente en cajas de ahorro, para que puedan autofinanciarse.
“El resultado ha sido el que tengan mayores posibilidades de alimentación –lo cual es un indicador en la medición de la pobreza-, pero no me atrevo a afirmar que la pobreza haya disminuido” gracias a este programa, señala Bernardo González.
Algo que sí ha logrado Hambre Cero es la recampesinización; la valoración de la mujer, y el impulso a la organización, lo cual dota a las campesinas de capacidades para acceder a políticas públicas, y ha conseguido también fortalecer la idea de que con la tierra es posible sobrevivir”. Esto luego de que el país sufrió un gravísimo abandono de tierras por causa de problemas de mercado y por falta de políticas públicas para el campo por parte de los gobiernos anteriores (precios bajos, escaso financiamiento, falta de tecnología), pero también por agotamiento de los suelos y por la desesperanza sobre el campo dadas las condiciones de vida precarias que se tienen allí, y por la fuerte migración. Hay muchos nicaragüenses en Costa Rica, El Salvador, honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.
 FOTO: Pablo Sigüenza Ramírez |
Los resultados de Hambre Cero están coincidiendo hoy día con los precios positivos que registran los productos cárnicos (ganado, pieles, carne, queso, leche), el azúcar y el café, que son fundamentales en las exportaciones agropecuarias de Nicaragua. Esto ha mejorado la situación general del medio rural, pero se sabe que los precios de las materias primas no son estables. No hay certeza de que la bonanza dure.
Bernardo González comenta que adicionalmente el gobierno de Daniel Ortega ha impulsado programas tales como Usura Cero –para mejorar el acceso al crédito- u otro denominado Amor, para apoyar a niños en condiciones de vulnerabilidad y abandono. Todos éstos diseñados por Rosario Murillo, la esposa de Ortega y que opera en los hechos como jefa de gobierno, pues el matrimonio aplica un esquema de “pareja presidencial”.
Hambre Cero implica la participación de técnicos comprometidos, pues se complementa con capacitación y asistencia técnica para las mujeres.
Costa Rica
 FOTO: Rafael Álvarez / cc |
La organización campesina,
un recuento histórico
María Paula Morales Gamboa,
Gloriana Martínez Sánchez
y
Jorge Andrés Quesada Lacayo
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Si hay algo claro en la historia de los pueblos latinoamericanos es que los proyectos modernizadores no han dado respuesta a los sectores más desposeídos; por el contrario, han reproducido la desigualdad y exclusión, que en el campo adquieren un significado sustantivo pues hemos pasado de un mundo rural campesino a un capitalismo agrario, caracterizado por el monopolio de la agroempresa y los capitales trasnacionales.
En el caso de Costa Rica, se observa que desde el Estado benefactor hasta el proyecto neoliberal puesto en marcha en los años 90s, el Estado ha utilizado distintos mecanismos de cooptación de la movilización y lucha campesina como respuesta a la organización de este sector.
Un breve esbozo del campo en el Estado social. El primer proyecto de modernización implementado en América Latina –denominado desarrollista–, consideró ideológicamente al campesinado como el sector tradicional y atrasado de la estructura social. En Costa Rica esto derivó en un fuerte proceso de descampesinización del agro acompañado por la incorporación de un creciente número de pequeños productores cuyas dinámicas no necesariamente responden a una economía de subsistencia campesina.
Este despliegue capitalista significó para el campesinado una disminución en el tamaño de sus fincas, la ocupación de tierras menos fértiles, una creciente exclusión de los avances tecnológicos y del crédito y una mayor desposesión en cuanto a los insumos para la producción. En este periodo, la política agraria gubernamental se orientó a “pacificar” el agro, y no a desarrollarlo, muy en sintonía con el proyecto neocolonial estadounidense de la Alianza para el Progreso.
En este marco, se buscó institucionalizar los crecientes movimientos de lucha por la tierra mediante la creación del Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO) en 1961, y el Estado creó una serie de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 1960 y el Consejo Nacional de la Producción (CNP) en 1975. Éstas, junto con el ITCO, fueron responsables de la implementación de las políticas que tenían como objetivo principal impulsar la llamada “agricultura de cambio”.
Durante este periodo, el Estado contó con múltiples mecanismos para apaciguar el conflicto social, que en el campo se evidenció con la disputa por la tierra y por los procesos de producción y comercialización de las cosechas. Desde el Estado se fomentó la organización del campesinado (cooperativas y asociaciones), esencialmente para aplicar programas de distribución de ayudas asistenciales y para evitar la influencia comunista en la base social.
Por medio de asentamientos campesinos que estableció, el ITCO buscó consolidar la política de distribución de tierras y fomentó la creación de asociaciones de desarrollo cuyo objetivo era gestionar el acceso a los servicios públicos (electricidad, acueductos, vivienda, educación, salud) ante el resto de instituciones del Estado.
La criminalización, la represión y persecución hacia las organizaciones de izquierda o revolucionarias eran parte de la estrategia del Estado para apaciguar la movilización campesina. Resalta, sin embargo, que no se generaron conflictos graves como los que vivían en el resto de Centroamérica.
La reestructuración de la política agraria y la movilización campesina (1980-1990). El estilo de desarrollo que se venía implementando desde mediados de siglo en Costa Rica se desestabilizó en los 70s en gran medida por la crisis económica internacional y porque los gobiernos del país tenían una deuda externa considerable debido al gasto social y el déficit fiscal provocado por el Estado benefactor.
El periodo de reestructuración inició en el país con la firma de un préstamo entre el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicaba compromisos de transformación en la política económica y social del país. Posteriormente, se firmarían otros préstamos con la misma entidad y con el Banco Mundial (BM), que permitirían la implementación del Programa de Ajuste Estructural I (PAE I) y II (PAE II).
 FOTO: David Dennis / cc |
En el caso del PAE I, las reformas en la producción de alimentos y agricultura pretendían ajustar los precios de los productos nacionales de los alimentos con los internacionales. En el marco del PAE II, la administración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990) se comprometió a seguir con el desmantelamiento del Estado y las transformaciones en las dinámicas productivas del país.
El proceso de liberalización y apertura comercial en el agro cristalizó a partir del modelo “agricultura de cambio”, propuesto el gobierno de Monge y convertido en eje central de política agropecuaria en la primera administración de Arias Sánchez y, la Reconversión Productiva, política propuesta en el gobierno de José María Figueres (1994-1998).
Así, la introducción del modelo neoliberal en el país a partir de los 80s derivó en fomento de la agroindustria en manos trasnacionales, desempleo rural, desestimulo e inestabilidad de los pequeños productores tradicionales, incremento de la proletarización del campesinado, migraciones del campo a la ciudad, concentración de tierras y disminución de la frontera agrícola.
Esto reavivó los procesos de lucha por la tierra, de organización campesina y de ocupaciones de terrenos, lo cual se prolongó hasta 1995.
De 1980 a 1985 la lucha y las demandas de las organizaciones se centraron en la tenencia de la tierra y de 1986 a 1990 se orientaron a cambiar las condiciones de la producción, específicamente con la búsqueda de protección de la producción de granos básicos. Entre 1980 y 1987, las tomas de tierras en el país sumaron 500 y estuvieron involucradas más de siete mil familias.
En los momentos históricos de mayor conflicto y de lucha por la tierra, la respuesta del Estado ha sido asistencialista y tendente a institucionalizar el conflicto y a las organizaciones. Esto, en consonancia con el sistemático empobrecimiento del campesinado y de las zonas rurales, ha conseguido desmantelar la movilización campesina, y los gobiernos en turno se han despreocupado de la situación agraria.
Lo cierto es que la estructura agraria ha transitado desde un modelo de “sustitución de importaciones”, con predominio del Estado, hacia el Mercado Común Centroamericano y los mercados nacionales, y por último a un modelo “hacia afuera” o “trasnacionalizado” en donde el mercado adquiere relevancia para determinar el desarrollo nacional.
El neoliberalismo asentado. Desde los 90s – cuando se comenzó a asentar con más fuerza el neoliberalismo y el capitalismo agrario–, se da un cambio determinante dentro de las formas de organización campesina, debido a la incorporación de nuevas estrategias por parte del Estado, así como un fortalecimiento de las antiguas estrategias institucionales y discursivas.
Ejemplo de esto fue el papel del Estado y en especial del Partido Liberación Nacional– en el fomento cooperativo, con la creación sistemática de asociaciones de desarrollo comunal y de asociaciones formales de productores y de mujeres. Así se fortaleció la maquinaria institucional en el campo y se desplazó a las formas autónomas y tradicionales de lucha y organización del campesinado, lo cual insertó nuevas dinámicas y nuevos temas dentro de las agendas de las organizaciones.
A partir de los 90s, las organizaciones rurales y campesinas discurren sobre cinco ejes: reconversión productiva, créditos y banca de desarrollo, el derecho y acceso a la tierra para la producción, la incorporación de las mujeres en el acceso a la tierra para la producción y la seguridad alimentaria. Esto implica que este periodo las organizaciones campesinas tuvieron un giro en sus reivindicaciones, incorporando sobre todo los temas ambientales y de género.
Conclusiones. Con este breve recuento, se puede evidenciar que los distintos procesos modernizadores del Estado costarricense han provocado una exclusión sistemática del campesinado de las dinámicas económicas del país, lo cual ha debilitado la reproducción social de este sector. Es decir, se han generado dinámicas de proletarización y descampesinización, así como una constante trasnacionalización de los recursos indispensables para la reproducción campesina como el agua, la tierra, las semillas y otros insumos.
Y a partir de los 90s se han consolidando nuevas formas de acumulación capitalista, que hacen más visible e intrincado el conflicto agrario y dificultan las condiciones materiales para la movilización y organización campesina.
Es importante mencionar que, a pesar de las dinámicas de acumulación impuestas en los campos costarricenses y la dificultad que encuentran los sectores campesinos y rurales para organizarse –por la clara intervención del Estado–, en el país hay algunas iniciativas de resistencia y reivindicaciones agrarias que trabajan de manera autónoma y por la defensa de sus derechos.
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