Guadalajara, Jal., 18 de marzo. El gobernador panista Emilio González Márquez envió al Congreso del estado una iniciativa que reforma varios artículos de los códigos Civil y Penal locales, cuyo objetivo es que las mujeres deban pedir permiso a sus esposos para someterse a un proceso de esterilización conocido como salpingoclasia, informó el diputado local perredista Raúl Vargas López.

Según la iniciativa –agregó el también ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara– el hombre también debe tener luz verde de su esposa para hacerse una vasectomía; sin embargo, en términos generales ella es la que pierde, pues por cada 50 salpingoclasias se practica una vasectomía.

Una de las principales modificaciones que habría si la iniciativa prospera sería al artículo 273 del Código Civil. La reforma dice que los cónyuges tienen derecho a decidir conjuntamente, de manera informada y responsable, el número y espaciamiento de los hijos. El mismo agrega que los cónyuges deben contribuir, cada uno por su parte, a los fines del matrimonio.

Según Vargas López, los cambios promovidos por el gobernador en ese artículo violan lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, que pone en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer. Toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, según el párrafo 2 del citado artículo.

“Es importante ver que el artículo 4 se refiere a la persona, no a la pareja, de modo que esta iniciativa pretende concebir a ésta como una figura jurídica con facultades que sólo corresponden en términos del artículo 4 (...).

Con esta iniciativa quedan fuera las divorciadas, solteras, las separadas y, en una de ésas, tendrán que tener la autorización de alguien. Es absurdo pretender que en un asunto estrictamente individual se deba solicitar permiso a la pareja. Es absurdo, aberrante... no existe en este país una iniciativa de estos alcances, dijo Vargas López.

Otro de los cambios es la adición del capítulo 10, Esterilidad Provocada, al Código Penal local. El artículo 232 bis en este apartado, según el proyecto del gobierno, reza: comete el delito de esterilidad provocada quien, sin consentimiento expreso de quien tenga legitimación para otorgarlo conforme a disposiciones legales aplicables, practique procedimientos quirúrgicos que provoquen esterilidad en una persona.

La sanción de tal delito, según el documento, llegará a ser de uno a seis años de prisión y de 40 a 120 días de jornadas de trabajo comunitario. Este delito se perseguirá por querella.

Aplican una moral religiosa

Vargas López añadió que “lo anterior pone en entredicho que cualquier médico puede incurrir en un acto susceptible de ser sancionado si no tiene el consentimiento de la pareja que, primero, debe ser casada, luego, que tenga el consentimiento del marido.

Esta política pública, estos ordenamientos parten más de una moral religiosa. Un día sí y otro también, el secretario general de Gobierno (Fernando Guzmán Pérez Peláez) y el gobernador promueven políticas públicas a través de su moral, expresó.

Guzmán Pérez Peláez rechazó que la iniciativa busque que la mujer o el hombre pidan permiso para esterilizarse, pues, dijo, sólo es para regular la práctica ante los cuerpos médicos.