La Secretaría de Gobernación (SG) comenzó ayer la notificación al distribuidor del documental Presunto culpable para que difumine diversas partes de la cinta y así cumpla un mandato judicial.

El subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación, Héctor Villareal, señaló que para camuflar la imagen y nombre de uno de los testigos del homicidio que motivó la película, ésta deberá ser retirada nuevamente de las salas cinematográficas, incluso por muchos días, proceso largo para hacer la manipulación física de las copias.

Por ello, en opinión de la autoridad gubernamental y del propio distribuidor, las medidas cautelares dictadas por la juez Blanca Lobo son equiparables a una suspensión de la exhibición comercial de Presunto culpable, porque la saca de las pantallas.

Tras este caso, nos quedamos con la sensación de que hay una reacción rápida de la ciudadanía; que las instituciones tenemos que ser muy reactivas a estos temas porque no es propiamente un acto de censura lo que hemos apreciado, pero sí consideramos que es un asunto que invade el ámbito de las libertades, advirtió.

El funcionario precisó que el retiro del documental ocurrirá en breve, una vez que se concluya la notificación al distribuidor.

Contra la Ley de Cinematografía

Lo anterior, porque aunque este documento ya fue entregado en las oficinas de Cinépolis, en ese momento no se encontraba su representante jurídico, por lo que se le dejó un citatorio con el fin de concluir lo más pronto posible la notificación que tuvo que cumplir Gobernación, por la orden de la juez, quien en la víspera reiteró en la víspera el mandato.

Entrevistado en la Gobernación, al término de un encuentro con funcionarios de la dependencia, el subsecretario Villareal lamentó que una determinación judicial modifique la exhibición original de una cinta, lo cual, dijo, contraviene a la Ley de Cinematografía y, si bien para algunos se trata de un acto que deriva en censura, la autoridad considera que en este caso sí fueron afectados algunos derechos como el de expresión.