Honduras

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Semblanza de la
situación agraria

Carlos A. Tovar

La historia agraria de Honduras puede relatarse por décadas, pero la primera del presente siglo es muy relevante pues fue cuando surgió, por decreto, la posibilidad de saldar la deuda de tierra con los trabajadores y trabajadoras del campo. Pero también fue en este periodo cuando el golpe de Estado, de 2009, revirtió este logro. La consecuencia ha sido la movilización campesina.

Una mirada rápida de la historia va así: en los años 50s se sentaron las bases para legitimar la organización campesina de Honduras, posterior a la Gran Huelga Bananera de los obreros y obreras, ocurrida en 1954; en los 60s se aprobó la primera Ley de Reforma Agraria bajo la impronta de la Alianza para el Progreso, que impulsó el modelo de colonización agrícola, del cual se rememoran los asentamientos humanos de Monjarás y Buena Vista en el sur del país.

En los 70s se declaró a la reforma agraria como “el quehacer fundamental de las Fuerzas Armadas de Honduras” y el modelo que respaldó al proceso fue de tipo evolucionista, liderado bajo la égida de los Decretos Ley números 8 y 170. Los 80s se conocieron como la década de la desesperanza y en los 90s se potenció la contra-reforma con la Ley de Modernización del Sector Agrícola (LMSA).

Fue apenas en el nuevo milenio, en su primera década, cuando se aprobó un Decreto de Expropiación Forzosa, el 18-2008, el cual busca saldar la deuda o morosidad agraria que se tiene desde hace varios años con los trabajadores y trabajadoras del campo, quienes son los dueños legítimos de la tierra, si consideramos que este recurso debe ser para quien la trabaja.

No obstante en este nuevo siglo, se dio en Honduras el primer golpe de Estado en América Latina. Fue el 28 de junio del 2009 cuando las fuerzas oscurantistas del país rompieron el texto constitucional y el presidente legítimo, Manuel Zelaya, fue expatriado en contra de su voluntad; este mismo hecho dio al traste con las intenciones del Decreto 18-2008, obligando al pueblo hondureño a organizar la resistencia popular para revertir el golpe de Estado y a movilizarse para defender los derechos conculcados.

El movimiento campesino aglutinado en el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras en Resistencia, Cococh-R –y articulado en La Vía Campesina y en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC– se organizó para movilizarse, con el propósito de defender las conquistas agrarias, especialmente el decreto mencionado, e hizo suyo el planteamiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), de elaborar una nueva propuesta de ley de reforma agraria y soberanía alimentaria, como punta de lanza, de una nueva Constitución para refundar Honduras y lograr el desarrollo de nuestro país.

Se ejecutaron multitudinarias movilizaciones agrarias en varios lugares del país, especialmente en la zona del Aguán, en el Litoral Atlántico y en la Isla de Zacate Grande, en la zona sur de Honduras, donde se han recuperado tierras nacionales o fiscales que estaban en posesión de particulares y grandes terratenientes. Esto, por medio de los frentes o movimientos campesinos aglutinados en dichas regiones, como el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), el cual ha sido un ejemplo de la lucha agraria, desde abajo, para el relanzamiento de un proceso de la soberanía alimentaria. Y se ha transitado por dos grandes consecuencias:

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En primer lugar, la militarización de la zona, aparejada a la represión, muerte y persecución de campesinos y campesinas. Incluso en el momento actual hay muchos campesinos presos que se encuentran en las diferentes cárceles del país; asimismo, la lucha campesina se ha criminalizado para detener las grandes demostraciones del poder campesino y popular.

En segundo lugar, la golpista Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional el Decreto 18-2008, que planteaba regularizar legalmente tierras en manos de campesinos, cuya posesión data de muchos años atrás y que se había obtenido o había sido otorgada en los procesos de reforma agraria de los 70s y 80s pero que no estaba titulada. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contubernio con grandes terratenientes y favoreciendo a miembros de la empresa privada, suspendió la legalidad de los títulos otorgados bajo la cobertura del decreto mencionado.

Actualmente, el movimiento campesino hondureño, respaldado por el Cococh-R, La Vía Campesina y el movimiento popular, han calendarizado un conjunto de movilizaciones para defender las conquistas agrarias. Inclusive se están negociando con el Congreso Nacional de Honduras reformas a la Ley de Modernización Agrícola, que fue aprobada en los años 90s como parte del paquete de la privatización de la economía y los tratados de libre comercio.

La aspiración más destacada del movimiento campesino es la incidencia en negociar la aprobación de una nueva ley de reforma agraria y soberanía alimentaria, cuyo proceso ha comenzado y se tiene un programa de trabajo que incluye la socialización de la propuesta en todas las regiones del país, y la realización de un foro nacional para dar a conocer la propuesta y presentar la misma al Congreso Nacional, el 15 de abril de 2011, por medio de una multitudinaria manifestación que se ha identificado como la Marcha de los Sombreros.

La propuesta de reforma agraria que se está socializando se orienta a la transformación de la estructura agraria. Una nueva reforma agraria es necesaria e impostergable pues hay más de 300 mil familias de campesinos y campesinas sin tierra o con poco acceso a este recurso. En efecto, se calcula que en la actualidad existen unas 240 mil familias sin tierra y más de cien mil que poseen propiedades menores de una hectárea.

Se debe apuntar a eliminar en forma definitiva el latifundio y el minifundio; pues cualquiera de los extremos siempre conduce a la injusticia y a la falta de equidad. En tal sentido, no deben existir campesinos y campesinas sin tierra y al mismo tiempo grandes extensiones que no cumplen su función social en poder de propietarios que viven en la ciudad.

En consecuencia, un proceso de reforma agraria debe garantizar la justicia social en el campo; pues todos los pobladores rurales tienen derecho a acceder a la tierra y a los demás factores productivos que garanticen la alimentación, la producción y los mercados en el marco de un comercio con justicia.

La Vía Campesina Honduras

Honduras Adversidades que enfrenta la mujer campesina Ariel Torres Funes Ana Sánchez es una joven hondureña de 24 años que trabaja diariamente como empleada doméstica en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Originaria de Campamento –población rural ubicada en el departamento de Olancho–, como miles de mujeres hondureñas, Ana se trasladó a la capital en búsqueda de un empleo estable que pudiera solventar su economía. Gracias a sus esfuerzos, ella y su hijo ahora viven en una casa de madera ubicada en uno de los barrios marginales más populares de Tegucigalpa. “Yo vengo de una familia campesina, pero no tenemos tierra ni recursos para producir, así que mejor decidí venirme a vivir a la capital”, comenta. A pesar de que la migración hacia la ciudad o hacia el exterior va en aumento, en las décadas recientes el rol social, productivo y cultural de la mujer campesina en Honduras se ha fortalecido gradualmente. Es innegable que su participación en actividades generadoras de ingreso en las zonas rurales ha aumentado. Según datos oficiales, el 25 por ciento de los hogares en las zonas rurales del país son encabezados económicamente por mujeres. La mujer campesina vive esta transformación, pero lo hace en un contexto de constante sometimiento, opresión y pobreza. Problemas como una alta tasa de analfabetismo, violencia, un reducido acceso a los derechos de salud y educación discriminación en los espacios de toma de decisiones y exclusión en el marco legal, son sólo ejemplos del profundo aislamiento que sufre la mujer campesina en Honduras. Prácticamente olvidadas por las políticas públicas, más de un millón y medio de mujeres en zonas rurales trabajan diariamente, tanto desde sus hogares como en sus pequeñas parcelas. El contexto que enfrentan es sin duda opresivo. En materia de educación, según datos del instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 29 por ciento de la población rural es analfabeta, donde los mayores índices de analfabetismo en la ciudadanía femenina se presentan en la población mayor de 35 años. Datos arrojados por el mismo censo ubican la tasa de analfabetismo de la mujer urbana en 9.8 por ciento y de la rural en 25.7. Por otra parte, Honduras registra la tasa de embarazos adolescentes más alta de Centroamérica, situación que tiene mayor incidencia en el área rural que en la urbana (21.3 por ciento contra 13.8, respectivamente). También cabe mencionar que la oferta de trabajo es muy reducida y desigual. Según datos oficiales, sólo 22,5 por ciento de las campesinas tiene acceso a este derecho, en comparación con 75.7 por ciento de los hombres. Toda esta situación ha orillado a que la mujer campesina dependa más de los mercados de trabajo asalariados, las agroindustrias y los cultivos de exportación que demandan una mano de obra menos calificada. Por otro lado, las mujeres campesinas han tenido un débil acceso al crédito institucional o formal. Ello, principalmente debido a la falta de acceso a garantías que respaldan el pago, porque éstas suelen estar en poder de los hombres. Sólo el uno por ciento de las mujeres campesinas posee títulos de tierras. El mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales deberá empezar por romper las desigualdades de género, haciendo énfasis en los intereses y las necesidades y aspiraciones de las mujeres. “Si las mujeres pudiéramos tener acceso a la tierra, a los insumos necesarios para producir, este país cambiaría”, comenta Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización que vela por el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Las mujeres han estado limitadas para acceder a los recursos de producción por razones culturales: históricamente no se les ha reconocido su labor como productoras. Por medio de la Campaña por la agricultura Vamos al Grano, se pretende que haya un mayor reconocimiento del trabajo productivo de la mujer campesina en Honduras. “Si mi familia y yo tuviéramos un mayor apoyo para producir, yo no estaría acá”, comenta Ana Sánchez mientras se prepara para ir a trabajar como empleada doméstica en unas de las residenciales más exclusivas de la capital. Periodista, oficial de medios de la Campaña Vamos al Grano en Honduras

Honduras

Declaración de los pueblos de la tierra
y el mar mártires de San Juan

FOTO: Blog No nos olvidamos de Honduras

Auto- convocados, los pueblos indígenas y negros hondureños: pech, tawahka, chorti, tolupanes, lencas, miskitu, creoles y garínagu, procedentes de la tierra y el mar, se reunieron en la comunidad de San Juan Durugubuti, Tela, Atlántida, Honduras, del 20 al 24 de febrero de 2011, con la intención, dijeron, de “juntar nuestros pensamientos, sentimientos y palabras e instalar nuestra asamblea plurinacional constituyente y multicultural”.

Al término de la reunión, consensuaron esta declaración:

1. Declaramos que nos hemos encontrado en diferentes ceremonias de nuestra espiritualidad para recibir la energía y la orientación de nuestros ancestros y ancestras, fortalecer la resistencia milenaria de nuestros pueblos para la defensa de la vida y la madre tierra.

2. Declaramos que el régimen continuador del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 profundiza la invasión a los territorios indígenas y negros, mediante el concesionamiento de los ríos para construir represas privadas como el proyecto denominado Patuca 1, 2 y 3, así como las múltiples represas que se pretenden construir en los ríos de los territorios lencas en donde se libra una histórica batalla; explotación minera; militarización de nuestros territorios; proyectos turísticos como el de la Bahía de Tela; la implementación de las ciudades modelos, que son enclaves que lesionan la soberanía de Honduras como país para el servicio del narcotráfico internacional.

3. Declaramos nuestra solidaridad con los pueblos que habitan la Moskitia hondureña, que están siendo objeto de represión, militarización y saqueo de sus bienes naturales por parte de la oligarquía y las trasnacionales. De igual manera manifestamos nuestro apoyo rotundo al llamado a la auto-demarcación de su territorio. Asumimos la declaración de los pueblos de la Moskitia UPINH y desde ya nos auto-convocamos a las siguientes sesiones de trabajo de nuestra asamblea plurinacional constituyente multicultural en el territorio indígena Miskitu.

4. Declaramos que es urgente que Honduras, como Estado, asuma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como parte del marco jurídico interno.

5. Declaramos nuestra condena al régimen que impulsa la privatización de la educación y la salud; que ejecuta desalojos de comunidades indígenas como la Nueva Estanzuela, del pueblo Maya Chortí; que permite el asesinato de indígenas tolupanes, así como de líderes de otros pueblos, mismos que quedan en la impunidad.

6. Declaramos nuestra preocupación por los atentados y amenazas contra los medios de comunicación comunitarios, violentando el derecho a la libre emisión del pensamiento y al derecho de nuestros pueblos de crear sus propios medios de comunicación alternativos tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Negros.

7. Declaramos que esta asamblea plurinacional constituyente multicultural será continua y la misma se mantendrá hasta lograr la emisión de una nueva constitución que permita la refundación de Honduras.

8. Declaramos nuestro respaldo al Primer Hospital Garífuna de Honduras, mismo que funciona en la comunidad de Ciriboya, municipio de Iriona, Colon, y denunciamos el manifiesto sabotaje del régimen. Exigimos la incorporación del mismo en el presupuesto de salud pública.

9. Declaramos nuestra solidaridad con el magisterio hondureño en la lucha por la defensa de la educación pública y la defensa del Estatuto del Docente; nos solidarizamos con el movimiento campesino que sufre la derogación del Decreto Legislativo 18-2008; nos solidarizamos con las familias de las víctimas de las y los asesinados por el régimen golpista; exigimos el retorno incondicional y seguro de los exiliados, entre ellos José Manuel Zelaya, presidente de Honduras 2006-2010.

10. Declaramos la auto-convocatoria a la Gran Asamblea de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras, que se realizará en Copan Galel, en el mes de mayo próximo.

11. Los mil 800 delegados y delegadas participantes de esta Asamblea plurinacional constituyente multicultural, expresamos nuestro agradecimiento a la comunidad de San Juan Durugubuti, Tela, Atlántida, al pueblo Garífuna y su Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), por su hospitalidad, hermandad y alegría con la que nos han acogido.