Fue una de las multas más altas impuestas por el gobierno para castigar un hecho probado de corrupción entre directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal que aporta uno de cada tres pesos del gasto público. Un castigo que la autoridad buscó fuera ejemplar y restituyera el quebranto, pero que hasta ahora, tres meses después de concluida la investigación y encontrados los culpables, no ha pasado de las palabras.

No tenemos noticia de que las multas hayan sido pagadas, respondió a La Jornada la Secretaría de la Función Pública (SFP), entidad gubernamental encargada de investigar y sancionar a funcionarios corruptos, cuando fue solicitada información respecto del castigo económico que anunció en enero pasado. Los sancionados fueron 14 funcionarios de Pemex que se coludieron con empresas privadas, según la propia SFP, para contratar con sobreprecio cinco buques para el transporte de petróleo.

El 26 de enero pasado, la SFP informó que 14 funcionarios de Pemex fueron castigados con una multa conjunta de 5 mil 134 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar cualquier empleo en el gobierno federal durante 10 años. La dependencia dijo entonces que una investigación iniciada en 2006 y concluida en diciembre de 2010 los encontró responsables de haber manipulado procesos de licitación y de contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques tanques que fueron usados por la paraestatal. Los contratos, por cinco años, fueron adjudicados a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y al Grupo TMM, según la investigación de la SFP. Hasta ahora no se ha informado de sanciones a directivos de las compañías privadas que participaron en las licitaciones.

Ninguno de los 14 funcionarios de Pemex ha realizado el pago de la multa que le fue impuesta, informó la SFP, dependencia que además de fijar el monto de la sanción, que en este caso fue equivalente al daño patrimonial causado a la paraestatal, es responsable de dar seguimiento al pago de las penalizaciones económicas.

El caso ilustra los incentivos que pueden tener los funcionarios corruptos para hurtar dinero público o coludirse con empresas privadas en procesos de licitación de obras públicas o adquisición de bienes y suministros, de acuerdo con especialistas.

Pemex está percudido de corrupción, comentó Miriam Grunstein, profesora-investigadora titular de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al comentar el caso.

Para castigar a los funcionarios corruptos debería haber una pena pecuniaria y otra de corte penal, consideró. Si la autoridad sólo impone una multa en la que el funcionario es condenado a pagar cientos de millones de pesos –como ocurrió en el caso reportado por la SFP en enero pasado– el sancionado puede decir: debo no niego, pago no tengo, añadió la especialista.

Si no hay un bolsillo lo suficientemente profundo para cubrir con la penalización, entonces el Estado se queda sin la retribución monetaria, apuntó.

La multa de 5 mil 134 millones de pesos impuesta por la SFP a los 14 funcionarios de Pemex equivale al monto del quebranto que, según la investigación, provocaron a la empresa estatal. El dinero recuperado por la sanción serviría, si es pagado, para restituir el daño patrimonial.

Pero es muy probable que esas multas no sean cubiertas, si se atienden las estadísticas de recuperación de las sanciones impuestas por la SFP. En los últimos 11 años han ingresado al erario sólo 69.3 millones de pesos, cantidad que equivale a 0.17 por ciento de las sanciones económicas impuestas en ese periodo a funcionarios federales corruptos, que rondaron 40 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la propia dependencia. Esto significa que sólo se han recuperado 17 centavos por cada 100 pesos de multas impuestas.

Créditos fiscales irrecuperables

El monto de multas que no es pagado por los funcionarios señalados por actos de corrupción pasa a formar parte del dinero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo encargado de la recaudación de impuestos, considera como créditos fiscales irrecuperables. Es decir, pasan a una suerte de cuentas incobrables.

La Jornada solicitó la opinión del SAT sobre qué ocurre cuando un funcionario público sancionado no paga la multa y qué acciones emprende para cobrar esos recursos, pero el organismo se negó a responder.

Sin embargo, la SFP confirmó a este diario que las multas no pagadas se convierten en créditos fiscales irrecuperables.

Al final, son recursos que el SAT debería cobrar para restituir a la Tesorería de la Federación, pero que no son pagados por los sancionados, sin que el SAT emprenda acciones, como las que lleva a cabo, incluso a través de tribunales, para cobrar impuestos no pagados a empresas y personas físicas.

Este diario solicitó una entrevista con Fortunato Álvarez, miembro del consejo de administración de Pemex y presidente del Comité de Auditoría de la paraestatal, para conocer los avances en los casos de corrupción identificados en la empresa. Por motivos de agenda, explicaron en su oficina, el consejero no tuvo tiempo de atender la petición, realizada hace 10 días.

Los funcionarios de Pemex tienen suficientes incentivos para no caer en actos de corrupción, dijo Miriam Grunstein, del CIDE: devengan salarios muy generosos, tienen seguros de gastos médicos mayores, atención en el hospital de Pemex, modernización de su auto, créditos hipotecarios con intereses bajisímos. En teoría no deberían tener un incentivo de lucrar a costa de la nación, entonces tal vez lo hacen porque es algo penosamente cultural, mencionó.

Para la especialista las sanciones sólo llegan a funcionarios menores, pues nunca caen los que verdaderamente propician las redes de corrupción y que son los directivos que definitivamente deciden qué proveedores van a ser favorecidos con las licitaciones públicas o con las adjudicaciones directas, que también las hay constantemente, comentó.