Durante 14 años, Adrián Espinoza Juárez obligó a María a prostituirse en diversos hoteles de La Merced. A golpes y con la amenaza de que le quitaría sus hijos, la víctima era forzada a entregar una cuenta de 2 mil pesos diarios, para lo cual tenía que viajar dos veces por semana a la ciudad de Puebla, donde vivía el implicado con los niños.

Originaria de Hidalgo, la mujer llegó al Distrito Federal siendo aún menor de edad para trabajar de empleada doméstica. En su declaración ministerial, María señaló que conoció a Espinoza Juárez en 1997, cuando tenía 17 años de edad. La enamoró y se la llevó a Puebla donde la prostituyó durante un año.

Regresaron a la ciudad de México, donde de nueva cuenta, mediante golpes y amenazas, la obligó a ejercer la misma actividad en los hoteles Ampudia, Tampico y Veracruz, ubicados en el barrio de La Merced.

El pasado 21 de febrero, ante el temor de que Adrián Espinoza la enviara a Tijuana, Baja California, María acudió a la Procuraduría General de Justicia capitalina para denunciarlo.

Con el apoyo de la procuraduría de Puebla, agentes de investigación lograron rescatar a los dos menores y detener a este sujeto, acusado de lenocinio y trata de personas, actividad a la que, según el testimonio de la víctima, se dedica toda la familia del implicado, la cual es originaria del estado de Tlaxcala.

Quejas de abuso policiaco

La Procuraduría General de la República (PGR) realizó la noche del miércoles un operativo contra trata de personas en los hoteles Las Cruces y Regina, en La Merced, en el que, aseguró la dependencia, se rescató a 28 víctimas, aunque también dejó quejas y denuncias de las trabajadoras sexuales por golpes y malos tratos.

Alrededor del mediodía de ayer, la sexoservidoras ya habían reanudado sus labores en la calle de Las Cruces, tras dejar la subdelegación de la PGR, ubicada en Avenida Camarones, delegación Azcapotzalco, durante el transcurso de la madrugada.

Las quejosas narraron que aunque ellas estaban en la calle, la mayoría fueron detenidas con golpes e insultos. Las agentes nos jalaron del cabello y a pesar de que mostramos nuestras credenciales de elector para mostrarles que no eramos menores de edad, nos trasladaron a sus oficinas y nos tuvieron ahí hasta la madrugada denunció Kenia.

Las mujeres se mostraron indignadas por lo sucedido. Nosotros no estamos en contra de que agarren a los que traen chamacas a trabajar a la fuerza, pero donde realmente suceden esas cosas, nadie se mete, apuntó otra de ellas.