En los próximos días el Gobierno del Distrito Federal llevará a cabo una serie de consultas, colonia por colonia, en toda la zona sur-poniente de la ciudad sobre la construcción de la supervía, adelantó su titular, Marcelo Ebrard Casaubon.

La consulta pública forma parte de la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del DF le hizo al gobierno capitalino derivada de la queja de vecinos que se oponen la obra.

Luego de visitar el cibercentro que se ubica en la estación Pino Suárez del Metro, se le entrevistó sobre el exhorto que la Cámara de Diputados le hizo el pasado martes para que “a la brevedad celebre una audiencia pública con los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado supervía poniente”. Ebrard afirmó que el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, respondería en el transcurso de este jueves (ayer) al punto de acuerdo de los legisladores. Sin embargo, al cierre de la edición, el exhorto no había sido recibido por el GDF.

El gobierno de la ciudad está en disposición de dialogar, estaremos muy atentos para que podamos continuar con esa línea de trabajo, de diálogo, aseguró.

Por su parte el tribunal colegiado en materia administrativa de primer circuito notificó el miércoles oficialmente al Gobierno del Distrito Federal la negativa de parar los trabajos de la citada obra, como habían solicitado María Cristina Barros, integrante del Frente Amplio contra la Supervía, y Luis Miguel Cano, con el respaldo de más de 300 firmas, mediante un amparo.

En la resolución, de más de 40 cuartillas, se señala que la parte de los quejosos debió ofrecer la prueba de inspección ocular como documental y no como inspección judicial, pues esta última no es idónea para demostrar los extremos que pretender probar.

Detalla que para demostrar esos extremos, la prueba que en todo caso debieron ofrecer los quejosos, es la documental consistente en el expediente que se tramita ante la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Advierte que, al contrario de lo que señalan los quejosos, la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, sí se encuentran demostrados en autos con el decreto por el que se declara de utilidad pública la realización de la obra de construcción y el funcionamiento de la vía de comunicación urbana de peaje.

Se remarca que los argumentos que los quejosos presentaron para que se les conceda la suspensión de las obras de la supervía son los perjuicios que se ocasionan a su derecho de participación en la conducción de asuntos públicos; lo cual nada tiene que ver con la materia ambiental.