Una compañía sin empleados, constituida en un paraíso fiscal y cuya asamblea de accionistas, a la que están integradas firmas financieras internacionales, no sesiona en todo un año. Ese es parte del perfil de Pemex Finance, la entidad constituida por Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar operaciones que comprometieron siete de cada 10 dólares de ingresos por exportación de crudo para garantizar el pago de deuda, en una operación al margen de la Constitución, determinó el organismo del Congreso encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos.

En 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada en los años previos para realizar obras de infraestructura a través del mecanismo conocido como Proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), en los que particulares financiaron las obras de la paraestatal. Para hacer esa operación se valió de un vehículo financiero llamado Pemex Finance, constituido en las Islas Caimán.

La operación de deuda tiene que ver con la reforma energética aprobada en 2008. Como parte de los cambios, la deuda contratada por la paraestatal a través de Pidiregas fue reclasificada como deuda del gobierno federal y ya no de Pemex. Según la ASF, en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018.

El mecanismo establecido para el pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex, según la ASF.

En la revisión hecha por la ASF, del ejercicio fiscal de 2009, se encontró que un fideicomiso del banco francés BNP Paribás Private Bank & Trust Cayman Limited es el propietario de las acciones de Pemex Finance, y que esa entidad es la única que asiste y toma acuerdos en la asamblea de accionistas del vehículo financiero, la cual no sesionó en todo 2009.

El consejo de administración de Pemex Finance tiene cinco integrantes con carácter de director. Son el director de BNP Paribás; el gerente de servicios corporativos en BNP Paribás; el gerente de servicios corporativos senior en BNP Paribás; un consejero independiente (que no identifica); más el subgerente jurídico de financiamientos de Pemex.

Pemex Finance no tiene empleados y por lo tanto, abunda la ASF, requirió de la prestación de servicios por terceros, por los que en 2009 pagó 887 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos. Entre las firmas a las que pagó honorarios estuvieron: PricewaterhouseCoopers, 45 mil dólares; Banco de Nueva York, 75 mil dólares; Standard and Poor’s Rating, 35 mil dólares, entre los principales.

Según la Auditoría Superior de la Federación, Petróleos Mexicanos y PMI Comercio Internacional, subsidiaria de Pemex responsable del comercio exterior de hidrocarburos, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de Pemex Finance, respecto del programa de financiamiento estructurado para generar recursos con los cuales pagar los bonos Pidiregas.

El organismo supervisor es contundente: durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en leyes, reglamentos y disposiciones, entre ellos la Constitución y otras disposiciones de carácter específico, estatal o municipal.

Respecto de los hallazgos de la ASF, Sergio Benito Osorio, quien fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la 57 Legislatura (1997-2000), explicó que operaciones financieras de la magnitud señalada deben ser legalmente investigadas por la comisión de vigilancia del Legislativo para que Pemex explique porqué realiza movimientos de recursos públicos en paraísos fiscales.

Legalmente tiene que proceder la comisión de vigilancia porque es un asunto grande y la cuenta tiene que pasar por el Congreso. Lo documentado por la Auditoría Superior de la Federación demuestra que el acuerdo es leonino. No se puede empeñar la factura ni se pueden hacer ventas por adelantado.

Benito Osorio, integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía, dijo que llama la atención que Pemex realice estas operaciones, porque la que realmente acuerda los montos de endeudamiento externo es la Secretaría de Hacienda. El consejo de administración de la paraestatal no tiene las facultades para aprobar movimientos de esa magnitud. La ley de Pemex es muy clara en ese sentido, dijo. La Secretaría de Hacienda es la que revisa por decreto el presupuesto y el decreto obliga a Pemex a entregar lo que está programado.

Mientras, Eugenia Correa, profesora de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, opinó: Me parece que una entidad paraestatal como Pemex no tiene que estar manejando sus finanzas a través de vehículos de inversión opacos y en paraísos fiscales que no rinden cuentas a ningún tribunal y autoridad. El Poder Legislativo se tiene que hacer cargo, sobre todo en Pemex, para evitar un manejo tan opaco como el que existe en los paraísos fiscales.

La también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias aseguró que Pemex no necesita el endeudamiento externo para financiar sus operaciones en el exterior. Pemex es generadora de las divisas que necesita y el resto de la inversión se puede hacer con banca pública y complementada con el ahorro de los mexicanos; estamos deseosos de tener una empresa próspera en lugar de darles rentabilidad a inversionistas extranjeros.

Es urgente, subrayó, legislar para que ninguna entidad pública maneje sus recursos de manera opaca y poco transparente.

El hecho sería violatorio de la Constitución: Labastida

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa, dijo que de confirmarse que Pemex hipotecó ventas de petróleo hasta 2018 para garantizar el pago de una deuda relacionada con Pidiregas, se estaría violando la Constitución.

Labastida subrayó: “si la fuente de información que publica La Jornada es correcta, ello sería inaceptable”. Anticipó que en la próxima comparecencia del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, prevista para finales de este mes en el Senado, se le cuestionará sobre este asunto.

El secretario de la Comisión de Energía, el panista Rubén Camarillo, manifestó en entrevista: “tengo dudas sobre la interpretación que haya hecho la ASF. Cuando se revisan las cuentas públicas la ASF primero hace observaciones, que luego las dependencias aclaran o solventan.

Tengo duda de si esta información son observaciones para que Pemex las resuelva o si ya es la conclusión definitiva y confirmada. Esto habrá que aclararlo, comentó. Recordó el legislador que en el pasado los Pidiregas tenían un trato fuera del presupuesto, fuera de la cuenta pública, y hoy afortunadamente ya forman parte de la deuda reconocida, está transparentada y la Cámara de Diputados conoce cada paquete económico que el Ejecutivo envía en que se va a utilizar la deuda.

Víctor Ballinas y Andrea Becerril