La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos exigió al gobierno de Baja California la libertad inmediata de una joven de 21 años sentenciada en enero pasado a 23 años de prisión, acusada del delito de homicidio agravado en razón de parentesco.

Con el apoyo del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, así como de otras organizaciones, la red exigió, además, la libertad de otras 24 mujeres en las mismas circunstancias.

Meritxell Calderón, abogada de la organización, dijo a La Jornada que en el caso de la joven, originaria de Mexicali, es evidente que en esa entidad persiste la discriminación hacia la mujer, toda vez que tras sufrir un aborto espontáneo, en 2008, la Cruz Roja le negó atención médica y posteriormente las autoridades judiciales llevaron un proceso irregular en su contra, por lo que demandaron al Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California que dicte sentencia absolutoria.

La activista informó que esta semana se tiene prevista una reunión con Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con el fin de plantearle el caso de la joven que a dos días de haber sufrido un aborto no inducido se encontraba presa; en mayo próximo cumplirá tres años encarcelada.

En conferencia de prensa, las organizaciones llamaron a los legisladores federales a evaluar los casos de mujeres que en distintas entidades federativas se encuentran presas por el delito de homicidio agravado en razón de parentesco.

Calderón Vargas recordó que en diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado de Baja California para proteger la vida desde la concepción, misma que se impulsó en 15 entidades más de la República, y que ha dado pie a las autoridades misóginas de hasta ahora tres estados para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, al ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y sus derechos sexuales y reproductivos.