Al menos 350 proyectos para construir presas desplazarán a decenas de comunidades en varios estados del país, advirtió el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Hasta ahora, estima, los 650 embalses en operación sacaron a alrededor de 200 mil personas de sus sitios de residencia.

Ayer, en la celebración del Día Internacional contra las Represas, representantes de comunidades afectadas advirtieron que no han sido consultados y que les imponen las obras, las cuales afectarán no sólo sus tierras de cultivo y actividades, sino también sitios de residencia.

En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la Declaración de Hiutupan, aprobada en el pasado encuentro del Mapder, se enumeraron varios proyectos relevantes por los impactos ambientales y sociales que tendrán.

Eva Velasco, de Jalisco, leyó el documento, en el cual se demanda la cancelación del proyecto hidroeléctrico de Itzantún y Chinin, Chiapas; la construcción de la presa de Tenosique, Tabasco; los intentos por obtener el permiso de núcleos agrarios para la edificación del embalse La Parota, Guerrero, así como las obras de las presas Yesca y Zapotillo, en Jalisco, entre otros casos.

En el pronunciamiento exigen que se resarzan los daños a los afectados por las presas Arcediano, Jalisco; Cajón, Nayarit; Cerro de Oro, Oaxaca, y Picachos, Sinaloa.

Fidencio Salas, residente de la comunidad San Pedro Ixcatán, municipio de Ruiz, Nayarit, dijo que el proyecto de la presa Las Cruces, planeado para la cuenca del río San Pedro, afecta a comunidades originarias, que pescan en el río de agua limpia y no está contaminado. A ese lugar, abundó, también van a pescar habitantes del Nayar, por la riqueza de la fauna.

Comentó que representantes de la Comisión Federal de Electricidad han acudido a platicar con gente de la comunidad y han llegado con la promesa de que tendrán progreso, no serán afectados y se les indemnizará, pero estamos entendidos de que las tierras donde nacimos son nuestras. En esa zona, explicó, hay una superficie importante de manglares, cuna de pesquerías, y con ese proyecto van a destruir todo.

Por su parte, Miriam Jiménez, representante del comité de Temacapulín, Acasijo y Palmarejo, Jalisco, recordó que el movimiento lleva seis años de lucha contra la presa el Zapotillo y que en febrero obtuvieron un amparo que obligó a las autoridades a detener cualquier tipo de obra.

Además de esos conflictos que enfrentan las comunidades, también están los casos de contaminación, como los que suceden en Coahuila, explicó Julio César Ramírez. Detalló que hay sobreexplotación de acuíferos. Dijo que 16 municipios de la comarca viven la afectación del sistema de presas de La Laguna, que en 2007 cumplió su vida útil y la Comisión Nacional del Agua aún no ha presentado un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran.

Explicó que organizaciones civiles han detectado altos niveles de azolvamiento, sobre todo en la presa Lázaro Cárdenas, que se encuentra en la cuenca alta del río Nazas. Además, en los pozos que abastecen a Torreón se han reportado índices de arsénico que están fuera de lo que estipula la normatividad.

Esperanza Salazar, de la organización Bios Iguana, se refirió a la construcción de una planta de gas natural en la laguna de Cuyutlán, Colima, donde hay un área importante de manglares –que están protegidos por la Ley General de Vida Silvestre. Aseguró que un área de la laguna fue decretada como sitio Ramsar –convenio internacional de protección de humedales–, pero la otra corre el riesgo de perder su riqueza ambiental y convertirse en zona industrial.