El Congreso de Chihuahua buscará inhabilitarlos 10 años para ocupar cargos públicos
Martes 15 de marzo de 2011, p. 18
Chihuahua, Chih., 14 de marzo. Los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, quienes absolvieron al asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presentaron su renuncia con carácter de irrevocable ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo cual anula el amparo promovido para proteger sus derechos laborales y deja sin materia el juicio político que se promueve en el Congreso del Estado.
El Poder Judicial del estado informó en un comunicado que la renuncia de los jueces fue aceptada desde el 10 de marzo por acuerdo del tribunal, mismo que ya fue publicado y causó efecto a partir de este lunes. El Tribunal de Justicia de Chi- huahua notificará la decisión al juzgado de distrito que tiene a su cargo el recurso de amparo promovido por los jueces en contra de la suspensión de funciones a raíz del asesinato de Marisela Escobedo –madre de Rubí Marisol– mientras realizaba una protesta frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua exigiendo castigo para el homicida de su hija.
La decisión de los jueces –dejar a Barraza en libertad– causó tal controversia que el fallo fue modificado por un tribunal de casación, que finalmente lo condenó a 50 años de prisión, pero para entonces ya se encontraba prófugo, porque desapareció desde el día en que fue liberado por el tribunal oral integrado por los ahora ex magistrados Ochoa, Boudib y Zúñiga.
El comunicado indicó que la renuncia de los jueces deja sin materia el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido por el Supremo Tribunal en contra de los mismos, debido a que el proceso sólo puede seguirse a funcionarios o servidores públicos en funciones. Al hacerse efectiva la renuncia de los jueces Ochoa, Boudib y Zúñiga, el Poder Judicial notificará al Congreso del Estado que el juicio político que ahí se les sigue a los funcionarios ha quedado sin materia.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso Local, Rafael Sepúlveda Reyes, dijo que el juicio político sigue en pie, pues se busca inhabilitar a los jueces para que no vuelvan ocupar un cargo público en 10 años.