En el contexto de los Diálogos de seguridad pública con enfoque de derechos humanos, organizaciones civiles, académicos, e investigadores presentaron ayer su agenda legislativa, cuyos ejes son el control ciudadano y la transparencia en la política de seguridad, prevención y mitigación de la violencia; fortalecimiento de la capacidad de investigación del Estado, y reformas a los sistemas penal, penitenciario y al modelo policial.

Los representantes de las organizaciones civiles y académicos expusieron que “este diálogo –en el que participan 164 organizaciones civiles y 401 ciudadanos– pretende contribuir a la construcción de acuerdos legislativos estables y efectivos en materia e seguridad pública, que reflejen un consenso amplio de la sociedad y que las propuestas sirvan como punto de convergencia entre los diferentes partidos políticos”.

En conferencia de prensa, Mara Hernández, del Centro de Colaboración Cívica; José Antonio Caballero y Guadalupe Barrera, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Orlando Camacho, director de la organización México SOS, se pronunciaron porque en el tema de prevención y mitigación de la violencia se constituya un fondo que atienda a las víctimas de la delincuencia y que opere con recursos incautados al crimen organizado.

Asimismo, en ese tema demandan que se revise la minuta de ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que se encuentra en la Cámara de Senadores.

Camacho, de México SOS, y Caballero, del CIDE, manifestaron que desde hace algunos meses hemos estado trabajando con senadores y diputados; incluso este lunes se llevará a cabo una reunión de las organizaciones con legisladores en Cuernavaca, Morelos, ya que la idea es que  hagan suyas las iniciativas y las presenten en este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril.

Manifestaron que trabajan con los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana de ambas cámaras.

Caballero y Camacho expusieron que en el tema de control ciudadano y transparencia en la política de seguridad se requiere la inclusión de cinco ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya que no hay información fidedigna ni tampoco hay transparencia en ese órgano.

La propuesta, detalló Caballero, es que no sean consejeros con salario, pero se requiere que sean personas que conozcan de la seguridad, que exijan información pública creíble y confiable, porque hoy no se cuenta con información clara, las propias corporaciones no se ponen de acuerdo y hay informes contradictorios sobre el número de homicidios.

Destacaron que es prioritario fortalecer la capacidad de investigación del Estado para abatir la impunidad.